Así utilizan los “okupas” el recibo de una pizza para asaltar casas en Madrid

Una “técnica” de asalto a la propiedad privada que ha llegado a la capital desde Cataluña

Agentes de la Policía Nacional entran en un edificio de la calle José Garrido que estaba okupado, a 20 de julio de 2021, en Madrid
Agentes de la Policía Nacional entran en un edificio de la calle José Garrido que estaba okupado, a 20 de julio de 2021, en Madrid FOTO: Jesús Hellín Europa Press

La ocupación de viviendas no es nada nuevo. En vacaciones, en puentes o, incluso, durante una vista de un par de horas al mercado más cercano, puede ser el tiempo que algunos desaprensivos necesiten para entrar y hacerse fuertes en la vivienda ajena. Y todo gracias a unas leyes que no acaban de hacerse fuertes y tomar medidas con los ladrones de la propiedad privada. Ahora una nueva técnica, utilizada con éxito en Cataluña durante años, se ha extendido por el resto de España. Especialmente en la Comunidad de Madrid, donde algunos la han celebrado. Para lamento de muchos otros.

La cosa no tiene mucha pega. Los ocupantes ilegales piden una pizza en la dirección que eligieron asaltar. Detienen al repartidor y pagan la pizza. Tras ello, no se les ve el pelo durante un par de días. Al cabo de cuatro días “okupan” la casa.

Cuando llegan los agentes de la Policía, tras el aviso de los propietarios o los vecinos, puede demostrar con el ticket de la pizza que lleva más de 48 horas en la casa. Esto evita que sean desalojados de manera inmediata.

Los ladrones de la propiedad saben que cuando se puede “probar”, aunque sea con un triste recibo de pizza, que han estado en la casa durante al menos 48 horas, su caso debe ser examinado por un juez. A ello se suma la saturación de los juzgados en todo España, con lo que su caso, como tantos otros, pasa a un limbo que llevará meses, o quizá años, solucionar. Mientras, los “okupas” podrán, a voluntad, disfrutar de la “propiedad” asaltada.

La realidad es que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referidos a 2021, las decisiones judiciales firmes para desalojar a los okupas tardaron una media de 18 meses. Esto significa que los propietarios tuvieron que esperar más de un año y medio para recuperar su casa después de que fuera ocupada.