La Fiscalía de Madrid sale al rescate de la delegada de Gobierno

La Fiscalía de Madrid sale al rescate de la delegada del Gobierno. Mercedes González había sido citada a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid en condición de querellada. El motivo, una denuncia por prevaricación, admitida a trámite por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra la delegada. Ahora, el representante del Ministerio Público ha recurrido la decisión al antender que dicha querella y los hechos descritos en la misma «adolecen de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para iniciar un proceso penal por un delito de prevaricación», informa Europa Press.

Los hechos que se le imputan a González ocurrieron el pasado 13 de julio. Entonces, la delegada autorizó la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, un día antes, había reubicado una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que pretendía manifestarse en el congreso como protesta ante esa misma ley. A cambio, se le ofreció a la asociación realizar otra concentración, el mismo día y a la misma hora, pero en la Plaza de las Cortes, en el tramo comprendido entre la Plaza de Cánovas del Castillo y la confluencia de las Calles Duque de Medinaceli y Marqués de Cubas con la Plaza de las Cortes. Todo ello «sin rebasar la misma, ubicándose de forma que no se obstaculice en ningún momento el acceso ni el normal funcionamiento de los edificios y establecimientos públicos existentes en la zona».

La decisión motivó la denuncia de la asociación, que consideraba que la Delegación del Gobierno sí había autorizado otra concentración prevista para un día más tarde frente al Congreso de los Diputados organizada por las asociaciones memorialísticas. Una decisión, aseguran, «sin base legal alguna» y «en función del signo político de la asociación convocante», por lo que se habría incurrido en una «limitación ilegítima del derecho de reunión».

Cuestión de seguridad

En su recurso, la Fiscalía explica que en la resolución de la Delegación del Gobierno se establecía que la concentración debía encuadrase en un lugar determinado, debido a cuestiones de seguridad. De ahí que, en ningún caso, añaden, pueden considerarse estas indicaciones, o el diferente trato esgrimido en la querella, como una resolución arbitraria y susceptible de constituir un delito de prevaricación administrativa. Así, el Ministerio Público considera que los hechos relatados por los querellantes, «y que pretenden encuadrarse en un presunto delito de prevaricación», desbordan el ámbito propio de la jurisdicción penal.