Madrid prevé ingresar hasta 1.600 millones menos con el impuesto a las grandes fortunas

Madrid ha hecho cuentas y la aplicación del nuevo Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas aprobado por el Gobierno central supondrá que dejen de llegar a la Comunidad entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año en inversión extranjera, según los datos que maneja la Consejería de Economía y Hacienda. El cálculo sería el resultado de aplicar una reducción del volumen de inversión extranjera de entre el 5,5% y el 7,5% partiendo de estimaciones hechas sobre la reintroducción del impuesto sobre la riqueza en diferentes países, según especifica la Consejería.

Así las cosas, esa menor inversión extranjera acarreará otros efectos que se resumen en menor creación de empleo y crecimiento económico y, en consecuencia, menor recaudación fiscal que sin la aplicación del impuesto. Madrid calcula que habrá una caída del PIB equivalente al 0,6% supondrá una reducción del crecimiento potencial de 19.500 empleos y el impacto en la recaudación será de una pérdida de 190 millones de euros. Y lo peor para la Comunidad es que «transmite un mensaje de gran inseguridad y desconfianza hacia los inversores del que España tardará en recuperarse. La inversión se instala en donde es bien tratada y huye de donde la maltratan y penalizan, y el problema es que no vuelve hasta pasado mucho tiempo», señalan desde la Consejería.

Además del impacto económico, el Ejecutivo autonómico cree que el nuevo impuesto vulnera la Constitución. Por eso, acudirá a los tribunales. Ya había avanzado su intención de hacerlo en octubre pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ayer confirmó que formalizará el trámite ante el Tribunal Constitucional antes de que acabe el mes en lo que es ya el procedimiento judicial número 11 contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Madrid considera que este gravamen estatal «invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional».

En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en el Ayuntamiento de Alcobendas, la dirigente regional explicó que en la reunión se había aprobado la interposición del recurso y que previamente también se solicitará su suspensión cautelar. Ayuso criticó que con esto el Gobierno busque «resucitar» el Impuesto de Patrimonio para ir «contra el ahorro y la inversión».

Desde el Ejecutivo autonómico han argumentado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100% desde 2008, sin embargo, «el nuevo gravamen introducido por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las autonomías de régimen común, invadiendo la gestión autonómica en la materia».

Asimismo, han señalado que «tanto el diseño del conocido como Impuesto de Patrimonio Bis como su tramitación vulneran principios básicos recogidos en la Constitución Española». Han apuntado a que «perjudica a unos ciudadanos más que a otros, en función de su lugar de su residencia, infringiendo el principio de igualdad porque su objetivo es, precisamente, dejar sin efecto la bonificación que ya tienen fijada regiones como Madrid».

Además, la Comunidad ha sostenido que «quebranta el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo 2022, ya que todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar ahora se van a ver obligados a hacerlo». En cuanto al procedimiento, han hecho hincapié en que «no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y de un dictamen del Consejo de Estado». Considera así que el Gobierno central «ha obviado las advertencias que durante los últimos meses le han hecho tanto los letrados de la Cámara como este último organismo respecto a los procedimientos legislativos».

El Gobierno regional ha defendido también que «se vulnera el principio de lealtad institucional al obligar a las comunidades autónomas, sin existir consenso con ellas, saltándose su debate a nivel estatal en la Comisión Mixta de Transferencias de Competencias y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Por último, la Comunidad ha destacado «la falta de justificación de su creación, ya que no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos, en contra de lo que recoge la Constitución Española en relación con la arbitrariedad de los poderes públicos».

Entiende que el Gobierno de España «vuelve a saltarse el ordenamiento jurídico con la aprobación de este impuesto que perjudica especialmente a los madrileños y que supone un atentado contra la gestión que las comunidades realizan en materia financiera».