Agresiones a funcionarios de prisiones: «Los reclusos sienten que les sale gratis»

Ocurrió hace poco más de una semana. El escenario, el Centro Penitenciario de Valdemoro (Madrid III). Tras una trifulca entre reclusos, varios funcionarios mediaron para evitar males mayores. Fue entonces cuando uno de los implicados lanzó una silla y una papelera a otro preso. Sin embargo, los objetos acabaron impactando accidentalmente contra uno de los funcionarios que estaban intercediendo. El trabajador recibió un fuerte golpe en la espalda y mano, por lo que fue enviado al hospital. Y es que, como recuerdan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), «no hay médico en la prisión».

Comunicados como el de CSIF son cada vez más frecuentes. El pasado junio, una funcionaria del servicio de enfermería fue agredida por un recluso en la cárcel de Estremera; en ese mismo mes y prisión, un preso le dio un cabezazo en la nariz a un Jefe de Servicio; en febrero, un empleado recibió un fuerte golpe en la cara por parte de un interno, por lo que tuvo que recibir asistencia sanitaria... Hay que reseñar que, hace unos meses, los trabajadores de la cárcel de Valdemoro ya exigieron una mejora de la seguridad tras «la masificación de los tres módulos conflictivos» de este centro, que se habían convertido, según aseguraban, «en psiquiátricos encubiertos donde cada día hay más internos con enfermedades y patologías mentales».

Agresión cada 20 horas

Como explican a LA RAZÓN fuentes de CSIF, aún es pronto para saber si el número de agresiones a funcionarios se incrementará en este 2025 con respecto al año anterior. Sin embargo, creen que así será. A nivel nacional, el sindicato estima que, en 2024, se produjo una agresión cada 24-28 horas. En lo que va del presente año, calculan que se habrá producido una cada 20 horas.

Y eso que las cifras del año pasado ya eran preocupantes. En lo que respecta a Madrid, en 2024 se registraron 73 agresiones: una grave, 28 acarrearon lesiones y 44 se resolvieron sin lesiones. Por centros, el más problemático fue el de Soto del Real, con 23 casos (nueve con lesiones y 14 sin lesiones). seguido de Aranjuez, con 13 (uno grave, cinco con lesiones y siete sin lesiones).

La estadística también revela las incautaciones de «pinchos carcelarios». Esto es, las «armas» que fabrican los propios reclusos con bolígrafos, cepillos de dientes, huesos o cuchillas, entre otros objetos que caigan en sus manos. El año pasado se incautaron un total de 160 pinchos: 18 en Alcalá de Henares; 25 en Valdemoro; 25 en Navalcarnero; 29 en Soto del Real; 21 en Aranjuez y 42 en Estremera.

¿Cuáles son los motivos de esta escalada de violencia? En declaraciones de Jorge Vilas, presidente de CSIF Prisiones, a Esradio. y remitidas a este diario, el sindicato considera que no hay una sola causa... pero sí una principal que acaba derivando en otras. Para empezar, señalan el «falso buenismo» de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. «Sólo se preocupan en bajar el número de internos, lo que provoca que salga a la calle gente que no está preparada para la convivencia. Eso acaba derivando en reincidencia. Y después, sólo les interesa reducir el número de primeros grados –los reclusos más peligroso–. Al bajar en la calificación, el control sobre ellos es menor y se producen más agresiones».

El resultado, explica Vilas, es que hay reclusos que «se sienten reyes, intocables. Sienten que esto les sale gratis, que pegar a un funcionario no acarrea consecuencias». Eso, añaden desde el sindicato, va en detrimento de los reclusos que sí buscan su reinserción en prisión.

Otra de las lecturas que hacen al respecto es que el cuerpo de funcionarios se está quedando pequeño. Muy pequeño. «La Secretaria General dice que hay 25.000 trabajadores para 50.000 internos. Suena muy bonito, pero, al final, las cifras dicen lo quieres que digan. Si visitáis una prisión, veréis que, en realidad, hay dos funcionarios a cargo de 100-110 internos. Hablamos de centros que están abiertos 24 horas los 365 días del año. Y los funcionarios no sólo están con los reclusos, también deben hacerse cargo de tareas administrativas».

De hecho, CSIF ha reclamado con urgencia el aumento de la plantilla «para cubrir el 100% de las vacantes existentes y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los internos». Así, piden una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ajustada a las necesidades «reales» del centro y una formación continua y especializada para los funcionarios, con herramientas eficaces que les permitan afrontar con mayor seguridad estas situaciones.

Ley obsoleta

Por otro lado, consideran que la legislación se ha quedado obsoleta. Desde CSIF recuerdan que la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) fue la primera ley aprobada durante la democracia tras la transición. Nos tenemos que remontar al año 1981. De ahí que el sindicato pida que se «adapten» a la realidad actual los medios «coercitivos». Es el caso de las pistolas Taser, de la cual reivindican un uso «controlado y protocolarizado», lo que supondría «una disminución de las agresiones a los funcionarios».

Del mismo modo, los funcionarios llevan «años» pidiendo que se les conceda el término de «agentes de autoridad» a efectos penales. Algo que supondría un aumento de la pena en el agresor.

CISF recuerda que existen proposiciones de ley en las mesas tanto del PSOE como del PP para lograr estos objetivos. Sin embargo, «seguimos esperando». Por otro lado, consideran que la interlocución con el Ministerio del Interior, y más concretamente con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, es «tensa». «La voluntad política que han mostrado es escasa o nula».

El pasado marzo, el sindicato Acaip-UGT denunció que los últimos dos años arrojaban cifras «récord» de agresiones a los trabajadores penitenciarios, con más de 1.000 en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según las estadísticas oficiales. Una estadística, por otro lado, «maquillada por parte de la administración, ya que no contabiliza muchas situaciones igualmente violentas como amenazas, acoso sexual o intentos de agresión repelidos por los trabajadores».

En todo caso, consideraban ya de por sí estos datos como «insoportables para el colectivo». «La ausencia de mecanismos de protección eficaces ha permitido que estos incidentes aumenten, dejando a los trabajadores en una situación de indefensión», concluían.