Almeida le pone deberes a Sánchez: exige una mayor autonomía fiscal para atraer empresas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, avanzó ayer que su Gobierno está ya trabajando en la reforma de la Ley de Capitalidad. A juicio del regidor, se trata de algo «imprescindible» para el futuro de la ciudad: «Tenemos que hacerlo de acuerdo con el Gobierno de España y hacerlo para que Madrid pueda seguir creciendo desde el punto de vista económico y la mejora de la prestación de servicios. Desde el respeto al modelo constitucional, que se reconozca las singularidades que tiene Madrid y trasladarlas al marco normativo». El Gobierno de Almeida dio los primeros pasos en este camino cuando en octubre de 2021, remitió una carta a la Ministra de Política Territorial. En la misiva, Almeida solicitó la convocatoria de la reunión de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad –nunca se ha constituido desde la aprobación de la Ley, en 2006– con el objetivo de plantear las exigencias de la ciudad. Casi un año y medio después, el Ministerio contestó. Fue el pasado 17 de enero y, en su carta, el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a celebrar esta reunión.

¿Por qué quiere el Gobierno de Almeida reformar esta norma? La Ley 22/2006 de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid estableció las singularidades de la ciudad, a la que dota de un marco jurídico propio. Los cambios que quiere impulsar Cibeles en la redacción de esta ley están enfocados a lograr objetivos en cuatro ámbitos, tal y como reconocen fuentes próximas al alcalde. En lo que afecta a la Seguridad, desde el Ayuntamiento subrayan la urgencia de poder contar con más agentes policiales: «Carece de sentido que estemos sometidos a la misma tasa de reposición de policías que el resto de España. Necesitamos más recursos para atender a la logística institucional que requiere Madrid. Además, por nuestra firme convicción y apuesta por la seguridad física y jurídica de todos los madrileños, y con el objetivo de acelerar al máximo los procesos, reclamamos poder ejercer competencias directas en materia de okupación de viviendas».

Respecto a las infraestructuras, el consistorio urgirá al Ministerio a adoptar medidas que solventen problemas logísticos propios: «La ciudad no puede quedar a expensas de la lentitud administrativa del Ministerio, que trata las necesidades de Madrid como las de cualquier otro municipio ignorando que, en nuestro caso, las decisiones afectan a millones de españoles y bloquean la ciudad de la que nace la mayor parte del entramado administrativo y empresarial de España». Y ponen un ejemplo: «El bus vao de la A2 está bloqueado por parte del Gobierno central cuando nosotros disponemos de los recursos económicos y técnicos para desarrollarlo».

En materia fiscal, el equipo de Almeida busca dotarse de herramientas que multipliquen el atractivo de la ciudad en materia de inversiones: «Reclamamos tener la capacidad de ofrecer incentivos fiscales para la atracción y retención de nuestro talento. No solo no queremos que se vaya Ferrovial, queremos poder traer la matriz de Google». En cuarto lugar, la capital demandará una financiación ajustada a los recursos que necesita: «Reclamamos una mayor participación en los Ingresos del Estado, para hacer frente a los gastos de la población flotante que trabaja o visita Madrid, y por tanto, utiliza nuestros servicios, pero que no reside en ella ni paga sus impuestos aquí».