Ayuso abre los colegios a la conciliación familiar

Madrid ha situado a las familias en el centro de su agenda. En el ecuador de la legislatura, ha anunciado más medidas para reforzar la conciliación. Comunidad y Ayuntamiento trabajan este verano para que el próximo curso patios y bibliotecas de centros públicos permanezcan abiertos por las tardes y en vacaciones.

La medida busca aliviar la carga de los padres, sobre todo durante los meses sin clase, donde la conciliación se vuelve más complicada. «Patios abiertos», como se llama la iniciativa, no llega sola. Este verano, más de 200 colegios públicos de la capital estarán en obras de mejora, con actuaciones que incluyen la instalación de sistemas de climatización, renovación de patios y mejora de la eficiencia energética.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, explicó esta semana que «los colegios no deben cerrar cuando suena el timbre de las dos de la tarde». El objetivo es ampliar la utilidad social de los centros escolares y apoyar a las familias que trabajan, fuera del horario escolar con programas de refuerzo, ocio y deporte para sus hijos.

La medida del Consistorio forma parte del plan de ciudad adaptada a la vida de las familias. Las mejoras afectarán a los interiores y a las instalaciones exteriores donde se reforzará la accesibilidad, los espacios verdes y la sombra gracias a los trabajos que se llevarán a cabo hasta septiembre.

La escuela, por tanto, tampoco será ajena estos meses a las obras. Las reformas escolares forman parte de un verano marcado por grandes intervenciones urbanas en la ciudad como el soterramiento de la A-5 y la ejecución del llamado «Paseo Verde del Suroeste». El proyecto recuperará espacios para los vecinos y reducirá la contaminación en un 98 por ciento.

Una ciudad más habitable y una red escolar al servicio de las familias es el doble mensaje de esta semana en la que el Gobierno regional ha defendido su proactividad en medidas pioneras en Educación. Prueba de ello, aseguran en Sol, es la limitación del uso de tabletas electrónicas en las aulas, una decisión que generó controversia pero que han secundado otras Comunidades.

A lo largo de esta legislatura, la región también ha impulsado la creación de aulas de emprendimiento, el programa de excelencia en Bachillerato, el refuerzo de la FP dual y la universalización del primer ciclo de infantil para niños de 0 a 3 años en centros públicos y concertados. En septiembre, estrenará otra medida pionera para que patios y bibliotecas de los colegios públicos puedan abrir en horario de tarde. Se incorpora así a la apertura de los centros en días no lectivos y a las actividades extraescolares que entraron en vigor el pasado curso.

Desde la oposición piden «más planificación y consenso» en torno a las medidas de conciliación. Los socialistas reclaman que se escuche también a las asociaciones de familias y han mostrado su escepticismo sobre el modelo de «patios abiertos» y actividades escolares si no va acompañado de una mejora sustancial del personal educativo. Más Madrid, por su parte, ha insistido en que «la conciliación no se resuelve con jornadas eternas para los niños, sino con políticas laborales y educativas coherentes y bien financiadas». El Ejecutivo regional defiende que se trata de un «avance realista y voluntario», que no impone a las familias ni a los centros, pero ofrece oportunidades de conciliación donde antes no había alternativa pública. «Madrid no impone, Madrid amplía», zanjan desde Sol.

Además de la agenda familiar y educativa, dos asuntos han sacudido la semana: la financiación autonómica a cuenta de los planes de Pedro Sánchez para satisfacer a sus socios, y la inmigración.

Ayuso ha confirmado que no participará en la ronda de contactos sobre financiación con las comunidades autónomas convocada por el presidente del Gobierno. También, que recurrirá ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional el acuerdo bilateral entre el Ejecutivo y Cataluña, que prevé una financiación «singular» para esta comunidad. «Es un chantaje institucional que rompe la igualdad entre españoles», afirmó, tras asegurar que Madrid «no legitimará un modelo hecho a la carta para mantener a Sánchez en Moncloa». El mismo calificativo utilizó su consejera Ana Dávila para describir el proceso de reubicación de menores inmigrantes.

La Comunidad de Madrid, junto a otras gobernadas por el PP, ha rechazado participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por Moncloa para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados.

La titular madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ejercer «chantaje político» y de actuar de forma «inconstitucional e inhumana» en este proceso en el que se «negociar con la vida de menores a cambio de votos». Se refiere, según publicó este periódico, a la exclusión de Cataluña y País Vasco del reparto. A su juicio, esto responde a concesiones del Gobierno «para que Pedro Sánchez aguante un día más en el poder cediendo al enésimo peaje independentista».

El punto álgido en torno a la inmigración se ha producido en Alcalá de Henares. La presencia del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) ha encendido esta semana la mecha política. La respuesta del delegado del Gobierno, Francisco Martín, a las reivindicaciones de la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet (PP), ha subido los decibelios en el choque institucional.

La regidora se reunió con Martín para exigirle que cerrara el centro y la respuesta del representante de Sánchez en la región fue tajante. No sólo no está en sus planes cerrarlo, sino que tiene intención de ampliarlo, según reveló Piquet a este diario.

Preocupada por la situación que se vive en el municipio desde las llegadas de migrantes sin plan de integración, ha denunciado que «tenemos un problema de convivencia», especialmente en los barrios más cercanos al CAED. «Quiero evitar un Torre Pacheco, pero nadie nos garantiza que eso no se pueda producir», dijo.

Otros municipios como el de Pozuelo de Alarcón también han alzado la voz contra la llegada de 400 menores no acompañados. El Pleno municipal aprobó una moción de urgencia presentada por Grupo Popular oponiéndose a la intención del Gobierno de trasladar a estos menores al municipio. «No podemos permitir que se traslade a un solo menor a un centro que no reúne las medidas necesarias, donde no hay espacio y donde no se cumplen las condiciones de protección», aseguró la alcaldesa, Paloma Tejero.