Ayuso activa el Plan de Vida para planificar el futuro

Madrid pone en marcha ya el Plan de Vida, un instrumento que pretende resolver una de las mayores inquietudes de muchas familias: qué ocurrirá con sus hijos con discapacidad cuando ellos falten. La Comunidad de Madrid publica hoy en su web y en el Boletín Oficial de la región (BOCM) el documento oficial que pretende ser una herramienta de la que servirse para expresar cómo se desea vivir: hábitos, apoyos y decisiones para garantizar su autonomía futura. Se trataría de garantizar por escrito que estas personas «puedan desarrollar su vida con dignidad y plenitud», tal y como ha detallado la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

La medida es un compromiso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate sobre el Estado de la Región, que ahora se materializa como un instrumento que sirva para garantizar «que cada persona pueda decidir sobre su proyecto de vida y que, además, ofrece tranquilidad a los padres al permitirles trazar el mejor destino para sus hijos con discapacidad cuando ya no estén».

¿De qué se puede dejar constancia en este Plan de Vida? De múltiples situaciones cotidianas que refleje todas y cada de las preferencias y hábitos personales de la persona en cuestión. «Desde cuántas horas desean dormir o si desean una dieta específica, hasta la frecuencia con la que quieren hacer ejercicio, a quién avisar en caso de enfermedad, qué visitas recibir o qué propuestas de ocio prefieren».

Y no solo eso, también se puede indicar «si quieren compartir habitación, participar en actividades de su asociación, centro o en una parroquia, si consienten la cesión de su imagen o explicar qué terapias les resultan más efectivas».

La medida va más allá, ya que el Plan de Vida facilitará que en las nuevas residencias de mayores se habiliten unidades específicas para que los hijos con discapacidad puedan convivir con sus padres, aunque manteniendo su autonomía y recibiendo atención personalizada. Lo que está previsto es que compartan tiempo y espacio para que pueda mantenerse el vínculo afectivo.

La medida forma parte de un plan más amplio, como es la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028, que consta de 316 medidas y una inversión de 4.800 millones de euros en la que tienen participación todas las consejerías. Se actúa en torno a tres ejes: atención temprana, discapacidad intelectual, física y sensorial, y enfermedad mental grave y duradera. A esto se une otra iniciativa autonómica, como es la aprobación de la firma de un convenio de colaboración entre las consejerías de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de Digitalización y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid con la idea de agilizar hasta un 33% más la resolución de expedientes de valoración del grado de discapacidad. Con este acelerón, se alcanzarán los 80.000 reconocimientos anuales, entre nuevas valoraciones, renovaciones y revisiones, según la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha defendido en Madrid la necesidad de que el nuevo registro de voluntades se configure como un instrumento plenamente útil y centrado en la protección de derechos. La organización considera que este sistema puede convertirse en un avance decisivo para las familias, al permitir que quede constancia formal de los apoyos que requiere cada persona, siempre que se implemente con garantías y sin obstáculos administrativos.

Desde la institución subrayan que la utilidad real del registro depende, en buena medida, de que sea accesible «en todos sus formatos», tanto en su vertiente digital como en la presencial. El Cermi advierte de que todavía persisten barreras que pueden dificultar el acceso a este tipo de trámites, especialmente para quienes encuentran problemas en la relación con la administración electrónica o para quienes necesitan apoyos específicos de comprensión. Por ello, reclama que la Comunidad de Madrid adopte un diseño universal que permita que cualquier persona, independientemente de su tipo de discapacidad o de sus habilidades tecnológicas, pueda formalizar sus voluntades sin depender de terceros.