Ayuso desafía a Sánchez y formaliza el recurso contra la Ley de Amnistía

"Vienen tiempos difíciles, por un cambio de modelo territorial, y de ataque, especialmente contra la Comunidad de Madrid", ha advertido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está dispuesta a seguir haciendo de muro de contención contra el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar el intento de "hundir España" en un escenario de creciente polarización política en España. Ayuso ha intensificado su confrontación con el gobierno central al formalizar hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica Ley de Amnistía. El anuncio fue hecho durante su participación en el desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, donde la dirigente regional no escatimó en críticas hacia el ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien acusó de "destruir el Estado de Derecho para mantenerse en el poder" y de transformar todo "a la medida del poder absolutista que dirige España desde la Moncloa".

Ayuso no solo ha llevado el tema ante el Tribunal Constitucional, sino que también ha avanzado en su estrategia jurídica al solicitar la recusación de tres magistrados clave: Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Alega que su “pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE”, el partido que impulsó la ley, les descalifica para juzgar la constitucionalidad de la norma. Esta decisión ha generado un nuevo foco de tensión en el escenario político y judicial, donde las acusaciones de parcialidad y politización del poder judicial han sido recurrentes en los últimos años.

El trasfondo del conflicto radica en la aprobación de la Ley de Amnistía, una medida que, según la presidenta madrileña, responde a las demandas de aquellos "que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña". Ayuso ha calificado la ley como "arbitraria y obscenamente inconstitucional", señalando que crea un estatuto privilegiado para dirigentes catalanes, lo que contraviene el principio de igualdad ante la ley recogido en la Constitución española.

En este sentido, la Comunidad de Madrid sostiene que la ley no solo quiebra la igualdad entre los españoles, sino que también vulnera la separación de poderes, al permitir que el legislativo invada competencias reservadas al poder judicial. La dirigente autonómica ha recalcado que esta ley representa "el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia", y ha prometido utilizar todas las herramientas a su disposición para evitar lo que considera un intento de "hundir España".

La batalla jurídica y política en torno a la Ley de Amnistía no se limita al debate sobre su constitucionalidad. Ayuso ha criticado también el proceso de tramitación parlamentaria, asegurando que se han infringido preceptos tanto de la Constitución como del Reglamento del Congreso de los Diputados, lo que, en su opinión, ha derivado en una "reforma encubierta" del texto constitucional. La ausencia de informes favorables por parte del Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces y fiscales, y los letrados de las Cámaras legislativas, según Ayuso, refuerza la falta de legitimidad de la ley.