La financiación de las universidades públicas es uno de los asuntos más espinosos de los últimos meses y la oposición lo ha utilizado como arma política para desgastar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y poner en solfa su modelo de gestión. Ahora, este debate podría quedar zanjado y apagarse uno de los fuegos con los que la oposición ha avivado la confrontación política, ya que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ultima un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas que está a punto de cerrarse casi al límite de la aprobación de los Presupuestos, según ha sabido LA RAZÓN de fuentes universitarias.

En las últimas semanas, las reuniones se han intensificado mientras, paralelamente, se convocaba una huelga y paros en el sector estudiantil, apoyados por el profesorado y los sindicatos, para exigir una mayor financiación para los campus.

Al parecer, las negociaciones van «bastante bien y no hay atasco». De ahí que no se endureciera el discurso durante la huelga, aunque se entendían los motivos de la protesta y los rectores mostraron su solidaridad. De hecho, se defendieron cuestiones durante esos días que ya no están sobre la mesa negociadora.

Está previsto que la semana que viene los seis rectores de las universidades públicas madrileñas comparezcan conjuntamente ante los medios de comunicación para informar, casi con toda probabilidad, de los acuerdos alcanzados.

Culminaría así una negociación gestada con especial intensidad durante el último año y que llevó incluso a los rectores a Miami, adonde viajaron en junio de 2025 junto a Isabel Díaz Ayuso para avanzar en la nueva ley de universidades, debatir sobre la financiación y estrechar lazos con instituciones académicas estadounidenses.

En abril de 2024, en una rueda de prensa conjunta (algo que no ocurría desde hacía 20 años), se mostraron dispuestos a negociar la Ley de Universidades de Ayuso (LESUC) para lograr «la mejor norma», tras clamar contra la infrafinanciación y advertir: «Estamos en riesgo, no cubrimos los gastos de personal». Un año después, en mayo de 2025, volvieron a tender la mano a Ayuso sin rencores: «La confrontación nos debilita», afirmaron, después de subrayar que lo que estaba en juego con la financiación universitaria era el modelo de país y la propia democracia.

Hasta ahora se sabía que la Comunidad de Madrid destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de los campus públicos, 75,3 millones más que en 2025. Esta cantidad supone un incremento del 6,5% y un récord histórico de inversión, según recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2026, que servirá, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, para impulsar la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Pese al aumento, la asignación es insuficiente para los rectores, que consideran que está muy por debajo de lo necesario para garantizar la sostenibilidad y la calidad del sistema. Por eso pedían entre 200 y 400 millones más para asegurar su funcionamiento.

Conceptos

La nueva ley que se negocia prevé incorporar tres conceptos de financiación: una partida básica para el funcionamiento ordinario; otra para atender necesidades específicas, como el mantenimiento de edificios e instalaciones; y una tercera vinculada a la consecución de objetivos académicos y de investigación. La idea es establecer un sistema estable que proporcione certidumbre presupuestaria. Además, se crea un distrito único de prácticas y se incluyen medidas para sancionar protestas no autorizadas, entre otras novedades.

Los rectores, por su parte, reclaman una mayor inversión al considerar que no cuentan con los mismos medios que las universidades privadas.

Aunque sostienen que no compiten en el mismo mercado, alertan de que el incremento de campus privados está creando una «burbuja de universidades» que «puede llegar a estallar». Madrid es, de hecho, una de las ciudades con mayor número de estudiantes de España y cuenta también con una de las principales concentraciones universitarias de Europa.

Fuego cruzado

Mientras tanto, en la Asamblea, pleno tras pleno, el PSOE acusa al Gobierno regional de asfixiar económicamente a los centros públicos para favorecer a las privadas, mientras que Más Madrid reclama reiteradamente una inversión extraordinaria de 200 millones para «rescatar» la universidad pública y revertir su «deterioro e infrafinanciación». Y es que Madrid figura ya, según estudios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige Diana Morant como la comunidad autónoma que menos invierte por alumno.