Obras públicas
Carabante lo tiene claro: "Hay intencionalidad política por parte del Gobierno para querer atrasar las obras en la A-5"
El delegado de Movilidad del Ayuntamiento afirma que "hay capacidad para reforzar Cercanías y para hacer gratuita la R-5, y por tanto es una obra que no puede esperar más"
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha aludido este miércoles a una "intencionalidad política" por parte del Gobierno de España para querer retrasar unos meses las obras de soterramiento en la A-5.
"Nosotros tuvimos reunión con el ministro (Óscar Puente), que fue una reunión extraordinaria y aparentemente había una manera de colaborar, y ahora, de manera sorpresiva, se descuelgan con este retraso que quieren provocar en la ejecución de esta obra", ha afirmado el delegado en una entrevista de Telemadrid.
Considera así que "está injustificado y no hay ninguna motivación técnica", además de incidir en que hay capacidad para reforzar Cercanías y para hacer gratuita la R-5, y por tanto es una obra que no puede esperar más.
"A la hora de la verdad, no toman la decisión de reforzar, lo que queremos es que nos lo expliquen y sobre todo que cumplan los compromisos", ha criticado, a la vez que ha censurado que el Ministerio de Transportes "filtre" sus propuestas y no las comunique en las mesas técnicas.
El Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España no llegaron ayer a un acuerdo en una nueva reunión para abordar un plan de movilidad por las obras de soterramiento en la A-5, mientras el Consistorio acusó al Ministerio de Transportes de "deslealtad" y no contempla atrasar las obras.
Pisos turísticos
Por otro lado, Carabante ha cifrado este miércoles en 16.000 los pisos turísticos dispersos actualmente en edificios residenciales de la ciudad de Madrid.
El delegado ha apuntado también que el objetivo que persiguen con el Plan Reside es "transicionar a un modelo que permita que haya edificios exclusivos de vecinos y edificios exclusivos de turistas".
Una de las medidas de este plan, anunciado la semana pasada en Junta de Gobierno, pasa por prohibir nuevas viviendas turísticas en edificios residenciales en el centro de la capital.
"La convivencia la gran mayoría de las veces genera conflictos de convivencia. Todas las ciudades están con este debate. Tenemos la oportunidad de mantener ese equilibrio en el Centro entre turistas y residentes. Otras ciudades, especialmente las capitales europeas, han expulsado al vecino del centro", ha valorado el delegado.
El Plan Reside de Madrid parte de dos ejes -la almendra central y el resto de la ciudad, eliminando así los anillos- y contempla la transformación de unos 215 edificios que tienen el carácter de dotacional privado para alquiler asequible o coliving; sin viviendas de uso turístico (VUT) dispersas en edificios de vecinos y un tope de 15 años para uso turístico vinculado a su rehabilitación en el centro histórico.
ZBE
Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha defendido este miércoles que tiene competencia para sancionar en toda la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Plaza Elíptica y solo se trata de "una sanción de miles".
El juez de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha condenado en costas al Ayuntamiento de Madrid en una sentencia en la que anula una multa de 200 euros impuesta a un conductor por acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Plaza Elíptica sin autorización y en la que reprocha al Consistorio su incompetencia para sancionar "en una vía que no es de su titularidad", en referencia a la A-42 que tuvo que atravesar el sancionado.
Al respecto, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha señalado que hay un convenio suscrito entre el Consistorio y la Dirección General de Tráfico en el que les ceden las competencias de vigilancia de esa carretera.
"Habitualmente, tanto Policía Municipal como agentes de movilidad sancionan en ese tramo. Si no, no podríamos sancionar, por ejemplo, los excesos de velocidad tampoco. Por tanto, tenemos la capacidad para hacerlo", ha explicado, en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.
Considera que esta decisión judicial corresponde a "una sanción de miles que se recurren" y ha defendido que hay "plena seguridad jurídica de que esas multas y sanciones se han impuesto correctamente".
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