Si algo caracteriza al presidente del Gobierno es que no hay actuación que lleve a cabo que no reporte un beneficio directo a su interés por mantenerse en el poder. Incluso en aquellas medidas que podríamos suponer impulsadas por la búsqueda del interés general, siempre hay una puerta trasera por donde cuela su verdadera intención: permanecer aferrado al sillón de La Moncloa.

Es lo que ha pasado con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, una aparente buena noticia para los 2,5 millones de trabajadores que lo perciben en España. Sin embargo, de la noche a la mañana, se han convertido en nuevos contribuyentes con los que seguir incrementando la caja del Estado, y que así Sánchez pueda seguir pagando los chantajes que le exigen para continuar disfrutando del Falcon.

Será la primera vez que los perceptores del SMI tributen por el IRPF. La decisión de Hacienda de no acompasar el mínimo exento de la renta al nuevo incremento salarial convierte a la Hacienda pública en la gran beneficiada de la medida. Esta decisión les va a permitir apropiarse de 300 de los 700 euros que va a subir el salario en términos anuales. Para el trabajador, sobre el papel, el sueldo le sube 50 euros al mes, pero como el Estado se va a quedar 21,5 euros y la inflación se ha incrementado un 2,9%, lo cierto es que estará perdiendo poder adquisitivo. El salario seguirá siendo mínimo y el negocio de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, máximo.

Dice Pilar Alegría que hace falta pedagogía fiscal. Y tanto que sí, pero para desenmascarar dos patrañas de su Gobierno.

La primera, ese discurso demagógico que explica que son los ricos y las empresas quienes asumen la mayor carga fiscal en España. Una máxima que queda en evidencia con cada decisión en materia impositiva: han sido las rentas medias y bajas las que han soportado la mayor parte de las más de 90 subidas fiscales aplicadas en los últimos cinco años.

Es cierto que ha asfixiado a empresas, inversores y autónomos hasta niveles máximos, pero, una vez alcanzados los mismos, la voracidad recaudatoria del Gobierno ha girado de manera inmisericorde hacia los trabajadores españoles.

Los ingresos por IRPF desde que Pedro Sánchez gobierna se han disparado un 57% y apuntan ya a los 130.000 millones de euros frente a los 83.000 de 2018.

No les ha hecho falta reformar esta figura tributaria elevando tipos o creando nuevos tramos. Han sido mucho más sibilinos. Les ha bastado con aprovechar la espiral inflacionista para llevar a cabo la mayor subida encubierta de impuestos a los trabajadores de la historia reciente, con negarse a deflactar el IRPF y a permitir que aquellos que recibiesen una nómina compensasen la escalada de precios con subidas salariales. Y ahora les bastaba con negarse a incrementar el mínimo exento acompasándolo al incremento del SMI.

El Banco de España estima que, en estos últimos años, Hacienda ha ganado 15.000 millones de euros por no deflactar el impuesto; sólo en 2024, la no deflactación de la tarifa del IRPF ha permitido incrementar la recaudación del Impuesto en 3.400 millones de euros según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 40% de la mayor recaudación. Es cinco veces más de lo que lo ha hecho la media europea en el mismo periodo. No adaptar el incremento del SMI les aportará otros 2.000 millones de euros a costa de quienes lo perciben.

Pedro Sánchez ha priorizado ingresos para su Gobierno a la mejora de la capacidad adquisitiva de quien más lo necesita.

La segunda patraña gubernamental es esa farsa en la que se basa la propaganda fiscal de la izquierda española, por la que todo el dinero recaudado se destina a sanidad, educación o infraestructuras. Ese chantaje fiscal por el cual si quieres servicios públicos hay que subir los impuestos.

El Gobierno central, a pesar de haber recaudado 140.000 millones de euros más que en 2018 en impuestos y cotizaciones, sigue sin ejecutar las inversiones recogidas en el Plan de Cercanías de 2018 o ni una sola de las 184.000 viviendas que prometió en Madrid. Eso sí, tenemos el Gobierno más numeroso y costoso en ministros, asesores, altos cargos y colonizadores al frente de instituciones cada vez más desprestigiadas. De alguna forma hay que pagarlo.

Por el contrario, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ampliado y mejorado la prestación de sus servicios públicos reduciendo los impuestos a todos los madrileños, hasta en 31 ocasiones. Es, precisamente, el marco económico que ha generado esta política fiscal, capaz de atraer nuevas inversiones, crear nuevas empresas y generar más puestos de trabajo, el que permite incrementar el bienestar social de los madrileños.

Es una cuestión de modelo fiscal y también de gestión, pero Pedro Sánchez sólo gestiona los casos de corrupción que le rodean en su Gobierno, en su partido y en su casa, y no tiene más modelo que el de mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Aunque sea a costa del «escudo social» de los españoles, cada vez más empobrecidos.