Se disparan las solicitudes para la construcción de vivienda protegida tras la subida de precios

La Comunidad de Madrid ha recibido "un número importante de solicitudes" de empresas para impulsar la construcción de viviendas con protección pública en la región tras haber subido sus precios, por lo que ha vuelto a defender esta medida. Así lo ha dado a conocer esta semana la directora general de Vivienda y Rehabilitación María Piccio-Marchetti en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, celebrada en la Asamblea de Madrid, donde ha explicado que antes de proponer la actualización de los módulos se realizó un estudio para analizar su impacto.

"La medida pretende impulsar la construcción de vivienda protegida y en las últimas dos semanas hemos recibido un importante número de solicitudes, lo que evidentemente contribuirá a rebajar la oferta", ha subrayado Piccio-Marchetti. La diputada socialista Cristina González ha criticado la decisión del Gobierno regional porque "Madrid se convertirá en la comunidad autónomas que va a tener los precios de vivienda protegida más caros de toda España". En este sentido, ha cifrado en 329 el número de viviendas que ha construido el Ejecutivo autonómico desde 2019. "Ustedes no están teniendo en cuenta la situación real que tiene mucha gente en la región. Hay muchos jóvenes que no se pueden emancipar y las viviendas que plantea el Ejecutivo no son asequibles para todos. Si bajasen los precios de la construcción, bajarían también el precio de los módulos", ha aseverado González. La directora general de Vivienda y Rehabilitación ha señalado que en los últimos años los precios habían quedado "desfasados", por lo que la voluntad de la Comunidad era adaptarlos para "impulsar y fomentar la edificación de vivienda protegida".

SUBIDA DE HASTA EL 56%

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso actualizó el pasado mes de febrero los precios de las viviendas con protección pública después de 16 años y, según el grupo al que pertenezca cada municipio de la región, los incrementaros varían desde el 26% hasta el 56%. En concreto, el precio básico de la zona A subirá un 26%, hasta los 2.450 euros. Este grupo está integrada por los municipios de Alcobendas, Boadilla del Monte, Las Rozas, Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.

Por su parte, la zona B llegará a los 2.110 euros, un incremento del 33%. Los municipios afectados son Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcorcón, Algete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Brunete, Ciempozuelos, Cobeña, Collado Villalba, Colmenarejo, Colmenar Viejo, Coslada, El Escorial, Fuenlabrada, Fuente el Saz de Jarama. Asimismo, están integrados en este grupo Galapagar, Getafe, Humanes, Leganés, Mejorada del Campo, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Parla, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Agustín de Guadalix, San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón.

Finalmente, la zona C alcanzará los 1.900 euros, un aumento del 36%, y estará formado por el resto de municipios de la Comunidad de la Madrid. En este grupo se unen también los que componían la zona D y sus precios crecerán hasta un 56%. En cuanto a la vivienda protegida con precio limitado, la zona A pasará de los 2.425,60 euros hasta los 2.820; la zona B de los 1.970,80 euros a los 2.430 y la zona C de los 1.743,40 hasta los 2.180 euros. Los precios previstos se actualizarán automáticamente a partir del día 1 de enero de 2025, de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumo en la fecha de la actualización.

MÁS DE 15 AÑOS SIN ACTUALIZAR

Desde el Ejecutivo autonómico han defendido "la necesidad" de actualizar los precios máximos de venta por la inflación de costes provocada por la ruptura de las cadenas mundiales de producción y comercialización de materias primas como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Asimismo, ha habido aumentos de precio del petróleo y del gas, que han provocado un aumento del 30% de los costes del sector de la construcción y costes derivados de la necesidad de adaptación a los nuevos requerimientos normativos ligados a la mejora de la eficiencia energética de la construcción residencial.

"A ello hay que añadir los efectos que la inflación está teniendo en todo el territorio nacional que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en torno al 30% para el período que va desde abril de 2008, año de la entrada en vigor de la Orden 116/2008, hasta septiembre de 2023. Todo lo cual ha provocado un descenso en el número de viviendas protegidas iniciadas en la Comunidad de Madrid", han indicado.