"Caso mascarillas": la Fiscalía pide nueve años de cárcel para Luis Medina y 15 para su socio por estafa

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el empresario Alberto Luceño y nueve para su socio Luis Medina por delitos de estafa y falsedad documental (y, además, un delito tributario en el caso del primero) por el "caso mascarillas", el cobro de "comisiones desorbitadas" en la venta al Ayuntamiento de Madrid de mascarillas, guantes y test Covid en plena pandemia.

Además, en su escrito de acusación reclama que ambos indemnicen con casi ocho millones de euros al Consistorio y que Luceño indemnice a Hacienda con 1,3 millones. El Ministerio Público insta igualmente el decomiso de los bienes ya embargados a los dos empresarios y de los que puedan disponer en la actualidad hasta alcanzar la suma de 4,6 millones en el caso Luceño y de 912.700 en el del hijo de Naty Abascal.

Según el relato de hechos de Anticorrupción, en la segunda quincena del mes de marzo de 2020, "en una situación de rápida evolución de la pandemia" provocada por la Covid-19 y de "extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios", Luceño -aprovechando que conocía a un empresario en Malasia que podía suministrar esos productos- acudió al hijo de Naty Abascal para que, "dado que era una persona conocida en la vida social española, buscara y le facilitara el contacto con posibles instituciones públicas interesadas en la adquisición de ese material".

Luis Medina consiguió contactar con un familiar del alcalde de Madrid (Carlos Martínez-Almeida, primo del regidor), que le facilitó la dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid. El 18 de marzo de 2023, Medina envió un correo electrónico a esta dirección ofreciendo trajes de protección, mascarillas, test Covid, desinfectantes, etc. El empresario aseguraba que estaba vendiendo ese material a varios gobiernos europeos y que trabajaba directamente con las fábricas, "lo cual resultó no ser cierto, dice Anticorrupción.

No había "razones altruistas"

Desde este momento, señala la Fiscalía, "la intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores" mediante "unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación".

Luis Medina envió un segundo mensaje recordatorio y a la misma dirección el día siguiente, 19 de marzo de 2023. Ese mismo día ambos mensajes de Luis Medina fueron reenviados y llegaron a Elena Collado, coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, que gestionaba la compra de material sanitario para el Consistorio.

Al día siguiente, el Ayuntamiento suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios (con capital 100% municipal) por el que esta se comprometía a garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad para el personal del Consistorio. Ese mismo día Elena Collado envió un mensaje exponiendo las necesidades de material sanitario del Ayuntamiento a Luis Medina, asumiendo desde ese momento todas las negociaciones.

Luceño se presentó a Collado "como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición" y dijo actuar "con ánimo altruista, movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia". Pero en realidad, señala Anticorrupción, "ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que no actuaba movido por ninguna intención altruista".

Ocultaron las comisiones al Ayuntamiento

Finalmente, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y la compañía malaya Leno para adquirir un millón de mascarillas por 6.689.300 dólares; dos millones y medio de guantes de nitrilo por cinco millones de dólares; y 250.000 test rápidos Covid por 4,2 millones de dólares. Indicando en todo caso Luceño que era el precio fijado por el exportador. "Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio final ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones" que se iban a repartir Luceño y Medina.

Además, para remarcar el supuesto carácter altruista de su actuación, los acusados decidieron regalar al Ayuntamiento de Madrid 238.000 mascarillas. En total, el Ayuntamiento pagó a Leno 14,8 millones de euros. Luceño se embolsó en comisiones tres millones de dólares, aunque engañó a su socio diciéndole que iban a partes iguales, y Medina, uno.

El precio real de venta de las mascarillas era de casi 2,7 millones de dólares, y los dos empresarios "lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto" de la operación cuatro millones, es decir, el 148 % del precio real del producto.

Además, reseña la Fiscalía, el precio desembolsado por el Ayuntamiento de Madrid en esta operación (6,24 euros por mascarilla) fue "con gran diferencia el más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto".

Material defectuoso

En cuanto a los guantes, Anticorrupción asegura que aunque el Ayuntamiento recuperó más del 80 % del precio inicialmente pagado (tras constatar que el producto no era el acordado", "acabó pagando 0,39 dólares por un producto que el fabricante chino había vendido a Leno por poco más de 0,09 dólares; es decir, más del cuádruple de su precio real, y del doble del que tenía el producto en los supermercados españoles (0,1666 euros)".

Gran parte de los test Covid-19 que recibió el Ayuntamiento ·eran defectuosos": de los 250.000 recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94 %); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80 %, y un lote de 60.000 test presentaba un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7 %. Elena Collado contactó con Luceño para que ese lote se devolviera, pero el empresario únicamente se comprometió a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test. Cuando ésta llegó, "ya se había decidido desechar y no seguir utilizando los test", por los que 175.000 ni siquiera se usaron.

Rolex, coches de lujo y un yate

Al ingresar en sus entidades bancarias las comisiones obtenidas, Luceño y Medina presentaron unos documentos para justificar esos ingresos que fueron falsificados por el primero. Finalmente, para esquivar a Hacienda y "eludir la tributación de las comisiones" en el IRPF, Luceño "diseñó una estrategia" consistente en crear una sociedad fantasma, Takamaka, e imputarle esos ingresos, aprovechando el tipo reducido previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para las empresas de nueva creación (15 % frente al tipo general del 25 %).

Con el importe de las comisiones, Luceño se compró tres relojes Rolex por un importe de 42.500 euros; doce coches de alta gama por más de dos millones de euros (algunos los revendió después para obtener liquidez); una vivienda y tres plazas de garaje en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Medina, por su parte, adquirió un velero con amarre en Gibraltar por 325.000 euros y bonos bancarios por 400.000 euros.