«Guerra» de los VTC por las licencias

El anuncio de que Cabify vaya a poner en marcha licencias de VTC después del verano tras lidiar una batalla en los tribunales con la Comunidad de Madrid que ha durado años ha levantado una tormenta en el sector. Primero fue la Consejería de Transportes la que puntualizó que de las 9.465 que había solicitado, solo le han sido concedidas 773, es decir, el 8% de las que había pedido con el argumento de que no cumplían con los requisitos técnicos y normativos. Y dejó claro que las autorizaciones permitidas solo servirán para cuatro años desde la fecha de concesión.

Pero a la arena de la polémica ha saltado ahora Unauto-VTC, la principal patronal del sector de las VTC dispuesta a embestir a Cabify. De hecho, la ha acusado de difundir un «relato interesado» sobre las licencias que pidió (en principio 8.500, que luego han sido 9.446) porque «Cabify se ha quedado muy lejos de cumplir sus propias expectativas». Pero en este conflicto, Unauto se ha puesto del lado de la Consejería de Transportes y culpa a Cabify de responsabilizar a la Administración autonómica «de su fracaso acusándola falsamente de cambiar los criterios a mitad del proceso, cuando la realidad es que las condiciones establecidas son claras, públicas y transparentes». Y no solo eso, acusa a la compañía de transportes de ser «desleal» y de «buscar trasladar al terreno político las dificultades que pudieran tener al no haber sido beneficiados en sus pretensiones».

La lectura que Unauto-VTC hace de la situación es que «en realidad, un crecimiento innecesario del número de autorizaciones vaya a producir un cambio de modelo que, de suceder, perjudicaría gravemente a autónomos, pymes y grandes empresas así como a los trabajadores del sector y la industria y, de manera muy especial, a consumidores y usuarios».

Aunque la Consejería que dirige Jorge Rodrigo ya ha dicho claramente que las licencias concedidas hasta ahora son por cuatro años, Unauto insiste en que «se efectúen los cambios normativos necesarios para garantizar al sector y a la industria que las autorizaciones concedidas a Cabify no estén habilitadas por más de cuatro años para prestar servicios urbanos», el plazo previsto en el decreto ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, el llamado «Real Decreto Ábalos».

Unauto-VTC cree que se deben fijar criterios claros para que el sector crezca de manera ordenada y en función de unos parámetros que «van más allá del equilibrio entre la oferta y demanda en la Comunidad de Madrid favoreciendo que el modelo sea sostenible para el sector del taxi y del transporte público». Y después de todas estas declaraciones zanja el tema con una afirmación: «No estamos en contra de ninguna empresa, defendemos un modelo y una normativa de obligado cumplimiento para todos, como se viene haciendo hasta la fecha».

Sin embargo, las declaraciones de Unauto-VTC han escocido en el sector. Algunas fuentes consultadas apuntan a que la embestida tiene que ver con que el presidente de Unauto, José Manuel Berzal, «continúa visiblemente molesto por la salida de Cabify de su organización en 2020, una decisión estratégica que compartió también Uber. Desde entonces, Berzal ha multiplicado sus declaraciones en un intento por restar legitimidad a empresas que, a día de hoy, han demostrado ser mucho más representativas del nuevo modelo de movilidad en España».

En su momento, Cabify dijo que abandonaba Unauto precisamente porque «no respondía al interés general del sector VTC, sino a intereses particulares». Más aún, destacó que «quería estar representada por una patronal con visión, estructura y capacidad de interlocución real, y no por lo que desde dentro muchos han llegado a definir como un “chiringuito personalista” al servicio de una agenda cuestionable».

Fuentes del sector han criticado algunas decisiones de Berzal, que han calificado de «irracionales» y «ajenas a los desafíos reales de la movilidad». Y ponen como ejemplo los datos del último Comité Nacional de Transportes, Feneval obtuvo un 55,18% de representación frente al 44,82% de Unauto, consolidándose como la entidad mayoritaria.