La Ley de Transparencia vuela los puentes entre PP y PSOE

Mientras Madrid se preparaba para la gran tractorada de hoy, la balsa en la que se había convertido la política madrileña rebosó esta semana. Agricultores y ganaderos engrasaban motores para visibilizar su protesta en la ciudad y en la Asamblea de Madrid, la oposición volvía a la confrontación. Desde que Mónica García cambió el escaño en la oposición por el sillón de ministra de Sanidad, el debate ha bajado decibelios en la Cámara de Vallecas. La ministra se lo pone en bandeja a la izquierda provocando trifulcas con medidas como la exclusión de hospitales madrileños en el proyecto europeo para elegir a los futuros centros de atención oncológica. Sin embargo, las denuncias del Ejecutivo regional desvelando un pretendido «castigo» a Madrid frenan las expectativas de la oposición por hacerse con los titulares.

La sucesora de Mónica García al frente de la oposición, Manuela Bergerot, daba un giro de guion esta semana al instar a la Comunidad de Madrid a donar un millón de euros a los palestinos. La líder de Más Madrid pretendió con la iniciativa colarse en la agenda política pero el botón activado en la bancada de Vox le robó protagonismo. La Asamblea ha iniciado una investigación por un presunto voto fraudulento en el pleno y la portavoz de la formación, Rocío Monasterio, podría ser sancionada por ello. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se refirió al incidente en el último pleno después de dar por rotas las buenas relaciones con el PSOE de Juan Lobato en esta legislatura.

El líder de los socialistas madrileños había logrado configurar un perfil político propio una vez despojado de la sombra de Mónica García, y gracias a la unidad de criterio con el PP en asuntos concretos, que centraban a su formación frente al Gobierno de Pedro Sánchez. El portavoz del PSOE se unió a Ayuso para reformar algunos aspectos del Estatuto de Autonomía en su 40 aniversario y para sacar adelante la Ley de Ciberseguridad, entre otras, pero el jueves anunció que recurrirá la Ley de Transparencia de la Comunidad aprobada a finales de diciembre con la mayoría absoluta del PP, y la empatía política se hizo añicos. Después de acusar a la presidenta de aplicar el «intervencionismo» con la mencionada norma y de ser la «más antiliberal del mundo», Lobato anunció el recurso de su partido ante el Tribunal Constitucional. Poco más de cuatro meses ha durado el trayecto hacia el consenso. «La verdad os hará libres», sentenció el socialista para zanjar el acuerdo con el PP en esta Ley, aludiendo a la intención que, en su opinión, pretende el Ejecutivo regional: «entorpecer la transparencia». «Tenga un poco de dignidad y no busque ningún pacto con mi grupo si sigue por ese camino», le espetó Ayuso.

Si las relaciones entre PP y Vox ya estaban resquebrajadas desde finales de la pasada legislatura, los acuerdos puntuales entre populares y socialistas han levantado un muro a ambos lados de las formaciones. Monasterio criticaba la afinidad entre Ayuso y Lobato antes de la ruptura de éstos advirtiendo del voto en contra de su formación. «No a todo si es con los socialistas», vino a decir. Entre los populares resonaron entonces las palabras de la presidenta el pasado julio, tras alzarse con la mayoría absoluta. «A partir de hoy que cada uno siga su camino».

El cruce de acusaciones ha vuelto a la sesión de control del Gobierno como las críticas de Ayuso a Pedro Sánchez. En esta ocasión a cuenta de la Ley de Transparencia que los socialistas madrileños recurrirán ante el Constitucional. La popular recriminó al jefe del Ejecutivo haberse saltado precisamente la norma. «No se sabe ni cuánto ha costado la publicación de su libro, ni lo que están negociando con nadie. ¿El PSOE nos hace elegir entre trasparencia y democracia?», le preguntó a Lobato. Días antes, la presidenta calentaba motores para el debate en sus redes sociales, posicionándose con agricultores y ganaderos frente a la «ideología que siembra el Gobierno y que es su (la del campo) su ruina».

Vox registró una Proposición No de Ley en la Asamblea para derogar la Agenda 2030 y las políticas europeas con el fin de arrancar a los grupos de la Cámara un pronunciamiento explícito a favor del campo y en contra de las políticas del Gobierno de coalición y Ayuso lo dejó claro: «La Comunidad de Madrid escucha y atiende a sus agricultores y ganaderos. Sin ellos no hay futuro», sentenció. Madrid ha aprobado 7,5 millones en ayudas extraordinarias al sector por el aumento de costes y por la sequía, según reveló la líder popular en su cuenta de X. Tras ella, su Gobierno se ha pronunciado esta semana a favor de agricultores y ganaderos y sus reivindicaciones y ha pedido a la Delegación del Gobierno previsión para mantener hoy el orden en la capital y que sean «compatibles» las manifestaciones con los movimientos de los madrileños. El momento álgido de las protestas se prevé hoy cuando miles de agricultores y ganaderos convocados por la Plataforma 6F intenten llegar hasta la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz.