Seguridad

Madrid acusa a Marlaska de "desarmar" a los policías locales de la región

El Ministerio del Interior ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el reglamento de Armamento y Medios de Defensa de las Policías Locales

La Comunidad acusa al Gobierno de un "ataque directo" al recurrir el reglamento sobre armamento para Policías Locales
La Comunidad acusa al Gobierno de un "ataque directo" al recurrir el reglamento sobre armamento para Policías LocalesEuropa Press

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha denunciado este viernes que el Gobierno central vuelve a "atacar" a la región después de que el Ministerio del Interior haya presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el reglamento de Armamento y Medios de Defensa de las Policías Locales, aprobado por el Ejecutivo autonómico en verano.

Así, Novillo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "una vez más atacar" a la Comunidad de Madrid, en este caso a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el recurso interpuesto ante el TSJM, según ha reprochado el consejero en unas declaraciones remitidas a la prensa por la Consejería que encabeza.

El consejero considera que esta impugnación supone "un ataque directo contra la seguridad de los madrileños" de los agentes de Policías Locales de la región. Así ha defendido que permitir a los agentes locales utilizar armas largas "es una realidad que ya existe en otras comunidades autónomas".

"El ministro Marlaska no quiere que se utilicen en la Comunidad de Madrid cuando estamos y se está viendo que los grupos organizados ya utilizan armas de guerra", ha subrayado el consejero, que ha advertido de que el Ejecutivo autonómico "no va a tolerar este nuevo ataque".

Además, ha reprochado al titular de Interior que "bastante trabajo tiene con dotar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de los elementos de seguridad necesarios para que realicen su trabajo", como para que ahora encima impida que los agentes municipales tengan "esos medios de seguridad".

Habla el delegado del Gobierno

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido la decisión de Interior al señalar que se ha recurrido el decreto "porque invade de manera directa competencias exclusivas del Estado", tal y como viene recogido en la Constitución.

"No es una cuestión de confrontación política, es una cuestión de legalidad, de rigor y de seguridad pública", ha señalado Martín, que además ha criticado el "ruido" generado por el consejero Novillo y ha señalado que el otorgar a cada alcalde la posibilidad de autorizar el uso de armas largas "contradice abiertamente" el reglamento estatal de Armas.

Más allá del debate jurídico, Martín ha recalcado que "lo que verdaderamente fortalece la seguridad es la coordinación, la formación, los recursos y la planificación, no el exhibicionismo político ni las decisiones improvisadas".

Además, ha cuestionado "la verdadera intención" del consejero madrileño, al considerar que el Gobierno autonómico "parece más interesado en fabricar titulares y alimentar una confrontación política artificial".

Recurso en los tribunales

El Ministerio del Interior ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la norma madrileña, que será analizado por la Sección Octava del TSJM, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Fuentes del departamento que dirige Marlaska han explicado a Europa Press que el recurso se fundamenta en que la regulación de armas es competencia exclusiva del Estado, y cuestionan tanto el uso de armas largas, como la posibilidad de emplear munición expansiva.

La normativa madrileña regula el material defensivo básico -arma corta, cargadores, defensa policial, grilletes, chaleco antibalas- y contempla también dotaciones complementarias para unidades especializadas, como determinadas armas largas, aerosoles defensivos y dispositivos eléctricos de control.

Los medios solo podrán utilizarse en situaciones de riesgo grave para la vida del agente o de terceros o ante circunstancias que supongan un grave riesgo para la seguridad ciudadana.