Madrid presenta un tercer recurso contra Moncloa por el reparto de menores inmigrantes irregulares

La Comunidad de Madrid ha presentado un tercer recurso ante el Tribunal Supremo contra el último decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados por "vulnerar de nuevo competencias autonómicas".

Este recurso judicial, consultado por Europa Press, se produce después de los dos anteriores presentados por la Administración autonómica: el primero contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio.

El primero fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras 10 comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional por "invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas".

El segundo lo presentó el Gobierno regional el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias.

Ahora, el Ejecutivo autonómico presenta este nuevo recurso como ya anunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín en el pasado Consejo de Gobierno.

El consejero denunció que el reparto de menores ha sido pactado "con partidos independentistas" y que, por tanto, beneficia a Cataluña y País Vasco frente al resto de autonomías. Así, considera además que "aboca a una desigualdad entre regiones" pues no garantiza la financiación para atender a los menores desplazados. "No vamos a ser cómplices de una política migratoria fallida", aseveró el portavoz del Gobierno autonómico.

Al margen de los actuaciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central por diferentes vías la remisión de la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las distintas regiones, salvo País Vasco y Cataluña, al considerarlo "arbitrario, opaco y discriminatorio".