Nuevo varapalo judicial, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a cuenta del centro de menores de La Cantueña

La juez de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha dado la razón a la Comunidad de Madrid al anular el Decreto por el que el Ayuntamiento de Fuenlabraba acordaba iniciar en mayo de 2024 la paralización de las obras en el centro de menores de La Cantueña.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada estima un recurso formulada por la Comunidad de Madrid contra el Decreto de 29 de mayo de 2024, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por el que se acuerda iniciar el procedimiento de suspensión inmediata de las obras iniciadas por la Comunidad de Madrid en el Cerro de La Cantueña.

Dicha resolución disponía la suspensión de las obras, con apercibimiento de proceder a su precinto en el caso de no suspenderse voluntariamente, anulando la misma por no ser conforme a Derecho.

Los magistrados aprecian que, a través del Decreto de suspensión de las obras se perseguía "paralizar la eficacia de un acto administrativo dictado por la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias y no precisado de intervención urbanística municipal, lo que constituiría un supuesto de desviación de poder que abundaría en la ilegalidad del Decreto impugnado".

La Comunidad considera que el Decreto de paralización de las obras vulnera el artículo 163 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, señalando que las obras están amparadas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 22 de mayo de 2024, que se dictó al amparo del citado artículo 163, y que no ha sido impugnado por el demandado en vía administrativa ni judicial, por lo que resulta ejecutivo.

Añade que "no cabe cuestionar en este proceso el derecho de propiedad de la Comunidad de Madrid sobre tal inmueble, sin perjuicio de lo que se resuelva en los diferentes recursos y acciones judiciales que se han interpuesto, tanto en relación a la validez de la condición resolutoria incluida en el título de propiedad, como en relación a la reversión de la finca que ha sido acordada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada".

Así, solicitaba que se dictara sentencia por la que, con estimación de la demanda y el recurso, se declare "no ser conforme a Derecho la resolución de paralización de las obras adoptada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada", anulando la misma e imponiendo las costas causadas a la Administración municipal.

La Justicia nos da la razón

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado que "una vez más" la justicia le vuelva a dar la razón sobre las obras del centro de menores.

"Se trata de una sentencia que ha estimado de manera favorablemente el recurso que interpuso la Comunidad de Madrid contra el decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se acordaba suspender las obras en La Cantueña", ha indicado.

En ese sentido, la sentencia señala que el Gobierno regional es el propietario y que no resulta jurídicamente admisible que no se recurra la decisión administrativa de acometer estas obras y, a continuación, se dicte un Decreto paralizándolas, "o lo que es igual, impidiendo de facto que se dé cumplimiento a la resolución autonómica".

Esta no es la primera vez que se rechaza la posibilidad de suspender las obras, una petición que Fuenlabrada lleva realizando desde finales de julio, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó poner fin a la cesión del espacio Cerro de La Cantueña a la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno autonómico puso en marcha un centro de acogida para menores no acompañados con casi un centenar de plazas.

La Cantueña vuelva a estar ahora en el punto de mira debido al reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias entre las comunidades autónomas. El Gobierno regional ha indicado en varias ocasiones que el centro está "sobreocupado".

Para ello, defendió que iba a ampliar el centro para acoger a los alrededor de 800 menores migrantes que se prevé que llegarán a la región desde Canarias y Ceuta tras el pacto entre el Gobierno central y sus socios parlamentarios, según informaron fuentes del Ejecutivo regional a Europa Press.

Además, el Gobierno madrileño explicó que buscará "otros espacios" más allá de La Cantueña, donde actualmente hay 96 plazas que están al 100% de ocupación.