Ofensiva educativa de Ayuso en colegios y universidades

La semana en la que se aprueba la comisión de investigación sobre el caso Begoña Gómez, Isabel Díaz Ayuso inaugura el nuevo Curso Académico universitario y anuncia nuevas medidas. La presidenta avanza en su reforma educativa con incentivos para la enseñanza universitaria y contra la batalla ideológica de la izquierda. Su agenda para la reforma educativa madrileña ha coincidido con la aprobación de la comisión sobre la relación de Gómez y la Complutense.

El PP propuso su creación en la Cámara de Vallecas y su mayoría absoluta ha ratificado la iniciativa. Los populares votaron investigar posibles irregularidades en los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y el rector, Joaquín Goyache, ha confirmado que irá si le citan. «Acudiré, no tengo nada que ocultar, voy a colaborar», manifestó a LA RAZON durante la apertura del Curso Académico en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III.

La comisión investigará también otros casos relacionados con el presunto trato de favor a empresas que financiaban estos programas, según se puso de manifiesto en el primer Pleno del curso donde la presidenta dio un paso más en la escalada de propuestas educativas. Antes, Ayuso anunció que las universidades madrileñas tendrán financiación por objetivos y los rectores deberán ser catedráticos, un paso más en la escalada de medidas con las que pretende reformar la enseñanza madrileña y «blindarla» de las leyes del Gobierno. La ofensiva de la popular en las instituciones superiores pasa por la redacción de una nueva norma, en fase de consultas, que obligará a los candidatos a rector a estar al menos acreditados para ser catedráticos, una exigencia que había sido retirada de la Ley de Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que Ayuso pretende poner contrapesos en la región. Además de una financiación adicional por aportación de objetivos, la nueva ley incluirá un modelo plurianual, revisable cada cinco años, que incluirá una financiación básica para el normal funcionamiento de las instituciones superiores y otra para necesidades singulares.

Las escuelas de negocios tendrán una regulación específica y se diseñará un marco para conectar de manera más operativa la Universidad con la Formación Profesional. Es decir, los títulos superiores con la empresa. «Debemos devolver las aulas y las cátedras a los mejores», ha querido destacar Ayuso en el comienzo del curso y advertir de que algunas ideologías busquen «romper» puentes entre «la universidad, la investigación y la empresa».

La presidenta ha incrementado la presión sobre Moncloa alertando de que compensará los «excesos ideológicos» de las leyes del Gobierno de coalición y ha avanzado en la cruzada contra la agenda educativa de la izquierda. A su tradicional defensa del esfuerzo y la meritocracia ha sumado la «lucha» contra «la politización de las instituciones» y los «excesos ideológicos» de la Ley de Sánchez que pretende contraponer con una propia dentro del marco autonómico de Madrid, que aspira a consolidarse como capital de los estudios en español. De hecho, éste será el primer curso en el que los estudiantes hispanoamericanos paguen la misma matrícula que los españoles y el resto de los europeos comunitarios.

El curso político en la región comenzó con los deberes de Ayuso a su Gobierno para avanzar en la mejora de la educación Infantil y Primaria y ha continuado esta semana con la implementación de otras en la ESO y la Universidad. Su reforma pasa por seguir reduciendo alumnos por aula en los centros públicos y evitar horarios excesivos a los más pequeños. Tras anunciar la implantación de la jornada partida, la dirigente popular ha insistido en la defensa de horarios adaptados a los más pequeños, hábitos saludables y la apuesta por actividades extraescolares en colegios o centros del entorno de los alumnos.

Desde ahora, los colegios no podrán modificar su jornada escolar y pasar de partida a continua. Ayuso dejó claro que, a partir del curso 2025/26, los nuevos centros públicos de Infantil y Primaria, que también incluirán también 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) contarán con jornada partida. La medida pretende, entre otros objetivos, facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, así como que los niños y jóvenes permanezcan en un entorno conocido, seguro y supervisado.

La reforma educativa de Ayuso ha recibido una catarata de críticas de la oposición. La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, dio un «suspenso» a la gestión de la presidenta y el del PSOE, Juan Lobato, defendió un aumento de ayudas para Infantil, Primaria y Secundaria, además de mayor remuneración para los profesores.

El socialista ha elevado esta semana el tono contra Ayuso, consciente de la atención que suscita en sus propias filas. El primer Pleno del curso en la Cámara de Vallecas ha acrecentado el interés sobre la supervivencia del secretario general de los socialistas madrileños. En la cuerda floja por su oposición a algunas de las decisiones de Pedro Sánchez, Lobato está en el punto de mira de Ferraz. Su gestión en la comisión de investigación sobre la Complutense y Begoña Gómez podría decidir su liderazgo al frente de los socialistas madrileños. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, es uno de los nombres que manejan como candidato alternativo.

Pese a las fotografías de Lobato y él escenificando armonía entre ambos, pocos dudan de las preferencias del aparato por el primero, sobre todo, por sus continuas críticas a Ayuso y Almeida que podrían recibir su recompensa, como de nuevo le ha ocurrido a Mercedes González.

«Lealtad» de González

Pedro Sánchez ha premiado la «lealtad» de la hasta ahora diputada con el cargo de directora general de la Guardia Civil, un puesto que ostentó ya pocos meses y dejó por asegurarse un escaño en la bancada socialista.

González, una histórica en el enjambre socialista madrileño, aterriza en la Guardia Civil coincidiendo con investigaciones que afectan al Psoe y al entorno del presidente del Gobierno. Curtida en la política madrileña, aspiraba a liderar el PSOE en Madrid hasta que Sánchez la aupó a la Delegación del Gobierno y Lobato se hizo con los mandos de la federación. Cada cual en su sitio.