Regular los flujos migratorios y evitar la inmigración ilegal ha sido siempre uno de los grandes desafíos de España, especialmente desde principios de los 2000, c. Ahora sigue siendo un asunto que está en el tablero político y es otro de los motivos de confrontación entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.

La presidenta madrileña achaca al Ejecutivo central que fomente la inmigración irregular masiva, lo que genera problemas de convivencia y saturación de los centros de acogida y lamenta que luego se use para el «estallido social». Pero Isabel Díaz Ayuso tiene su propio plan para tratar de fomentar la llegada a Madrid de una inmigración ordenada y con un contrato de trabajo bajo el brazo que convierta el fenómeno migratorio en una oportunidad más que en un problema, si atendemos a algunas de las noticias conocidas en las últimas semanas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en foco, de momento, en países latinoamericanos, con los que España tiene una relación prioritaria y, en concreto, en cuatro con fuerte presencia en España: Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú. De hecho, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales está trabajando en un ambicioso proyecto junto con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para promover la formación de los inmigrantes en el exterior y dirigir las ofertas antes de que decidan venir a vivir a Madrid.

Se trataría de formar en sus países de origen a personas que luego puedan desarrollar en Madrid puestos de trabajo en los que falta mano de obra y que forman parte del catálogo nacional de ocupaciones de difícil cobertura del ámbito sanitario, donde se necesita mano de obra por el envejecimiento de la población. El foco se pondría, así en las profesiones sociosanitarias más demandadas.

«El objetivo es fomentar la inmigración regular y ordenada, evitando llegadas irregulares», aseguran desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, al frente de la cual se encuentra Ana Dávila.

La Comunidad de Madrid ya ha dado pasos en este sentido. De hecho, ya está trabajando en dos programas específicos para formar a personas inmigrantes que estén ya en España o en otros países, para prepararles para algunos de los puestos más demandados en el mercado de trabajo, como el sector sociosanitario.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales acaba de firmar con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid un convenio para promover la formación en materia sociosanitaria para inmigrantes susceptibles de arraigo por formación. Es decir, una persona extranjera que lleva tiempo en España sin papeles podría obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, si se compromete a formarse en un ámbito con alta demanda laboral, uno de los supuestos incorporados en la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería de 2022. Esa formación permitiría que esas personas puedan obtener certificados de profesionalidad, que acreditan que tienen formación para un puesto de trabajo concreto. En este caso, el de atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia de residencias o en centros de día de mayores, y el de atención sociosanitaria en domicilio.

Una vez concluida esta formación, estas personas podrían ver regularizada su situación administrativa, lo que les abriría las puertas del mercado laboral.

La Cámara de Comercio ya tiene previsto confeccionar y difundir la oferta formativa en materia sociosanitaria y tiene previsto coordinarse con los ocho Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPIS) de la Comunidad de Madrid, para que aquellos que completen la formación obtengan los certificados de profesionalidad.

La Cámara programará un calendario de actividades formativas en función de los puestos más demandados, entre ellos los de gerocultor de residencias y auxiliares de ayuda a domicilio.

Tal y como detalla la Comunidad de Madrid, las clases para obtener los certificados y poder trabajar en estos puestos serán impartidas por centros docentes acreditados públicos o privados con los que la Cámara de Comercio mantiene acuerdos para que la formación sea gratuita.

Al mismo tiempo, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales coordinará con la Administración General del Estado el proceso de autorización de los expedientes de solicitud de residencia por arraigo y paralelamente hará un seguimiento de los alumnos participantes en la formación que se imparta. La presidenta madrileña ya dio pistas de las líneas de trabajo que se están desplegando en materia migratoria en el Debate del Estado de la Región, en el que ya avanzó que la Comunidad seguiría apostando por su «modelo de integración defendemos la libertad, la responsabilidad y el esfuerzo común» y avanzó el cierre de nuevos acuerdos.