Premiar el despilfarro

La mal llamada condonación de deuda autonómica que aprobará mañana el Consejo de Ministros es la última pirueta del Gobierno de Sánchez para contentar al socio independentista y mantenerse en el poder. No hay otra lectura, por mucho que una patulea de ministros y palmeros argumenten y defiendan sin rubor lo que hasta hace poco negaban y criticaban con vehemencia. Por desgracia, hace tiempo que las hemerotecas dejaron de importar.

El Gobierno, instalado en su realidad paralela, nos quiere vender esta operación como un ejemplo de solidaridad institucional, de justicia territorial, de interés general, cuando en realidad lo que hace es premiar la imprudencia en el gasto, castigar la responsabilidad y realizar un truco de trilero fiscal: la deuda no se reduce ni desaparece, simplemente cambia de bolsillo y acaba pesando sobre todos los españoles sin que nadie rinda cuentas por ello.

Madrid, locomotora económica de España, que recauda más y mejor con impuestos bajos y que sostiene servicios públicos de calidad, ve como ahora, por obra y gracia de la ingeniería política, sus habitantes asumirán a largo plazo 483 euros más por la condonación, mientras que cada catalán verá reducida su carga en 410 euros. De hecho, lo que se rebaja a Cataluña es prácticamente equivalente al aumento de la hipoteca de Madrid. Es decir, pagamos la fiesta de otros, en una jugada que suma 1.700 euros de deuda pública por habitante en España, consolida agravios y destruye el principio de equidad sobre el que debería asentarse nuestro Estado.

No solo eso. El acuerdo carece de cualquier tipo de exigencia a las CCAA para que corrijan su rumbo fiscal, multiplicando el riesgo de que la irresponsabilidad se institucionalice: se incentiva el gastar más de lo que se ingresa y se envía la señal de que no hace falta rendir cuentas. Esta condonación, diseñada y negociada bajo cuerda para cumplir con favores políticos, contradice de forma flagrante los principios de estabilidad, transparencia y responsabilidad que exige Europa y que nos demanda la sociedad.

La Comunidad de Madrid no va a quedarse quieta. Quien gestiona bien debe ser la referencia; quien despilfarra, debe corregir, no ser premiado. Esta medida solo puede entenderse como un pago de todos los españoles a los desmanes del independentismo. Que nadie espere de Madrid sometimiento ante semejante ataque a la igualdad, la seriedad y el futuro económico de nuestro país.