La prensa griega alucina con la justicia de Madrid por este hecho "histórico"

En los últimos meses, se ha experimentado una oleada de protestas por el precio de la vivienda y el turismo masivo en ciertas ciudades de España. Según los datos de vivienda, el precio de los alquileres ha subido un 80%, algunos por encima de un salario. Casi la mitad de los inquilinos dedican la mitad de sus ingresos a pagar la casa o alquiler.

Sin embargo, la situación de los pisos turísticos ha llegado al límite en Madrid, tanto que la justicia ha obligado a indemnizar a una familia y ha conseguido cerrar 10 pisos turísticos. El hecho ha sido tal, que la prensa internacional ha hecho eco de ello y muchos esperan que el resto de administraciones empiecen a tomar medidas.

Una resolución judicial histórica

El Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid ha firmado una sentencia que afecta a un edificio en plena Plaza Mayor. Casi el 80% de los apartamentos se alquilaban como pisos turísticos y durante años, una familia con hijos menores (5 y 7 años) han tenido que convivir con situaciones inhumanas. Desde vómitos en zonas comunes, relaciones sexuales en los patios o destrozos varios, la familia acabó denunciando en el juzgado.

Aunque en Madrid hay cerca de 15.000 pisos ilegales, estos estaban en regla pero, según alega el abogado de la familia se vulneraba el derecho a la intimidad y la vida de sus clientes. Por su parte, la empresa de los apartamentos expresó que se trataban de molestias normales, a lo que la jueza terminó calificando como actos "insalubres", "inmorales" e "ilegales".

Finalmente, se ha ordenado el cierre inmediato de estos diez apartamentos turísticos y ha obligado a la compañía a indemnizar a la familia con 37.000 euros, incluyendo más de 9.833 para cada menos por las secuelas psicológicas. Tal ha sido su repercusión que, el medio griego, Lifo, lo ha calificado como un acto "histórico" en plena crisis por el turismo masivo y el precio de la vivienda.

Malestar vecinal en toda España

Aunque aún quedan muchos alojamientos turísticos y las multas del Ayuntamiento de hasta 16.000 euros no han sido suficientes, esta sentencia ha priorizado, por primera vez, los derechos de los que intentan vivir contra el turismo sucio. Aunque el Gobierno de España ya ha exigido a Airbnb que retire más de 60.000 anuncios ilegales y en Barcelona quieren eliminar las licencias de este tipo de viviendas antes de 2028, la situación ha llegado a ser extrema.

En Madrid, las fuentes municipales han detectado anomalías significativas, incluyendo once anuncios en Airbnb que corresponden a localidades fuera de Madrid. Ahora, han iniciado una investigación más profunda, con especial énfasis en la plataforma de Booking. "El problema no son los pisos ilegales, sino las actividades que se realizan en ellos. Atentan contra la dignidad y la salud mental de muchos de los vecinos", explicaba el abogado de la familia madrileña, Miguel Ángel Rubio.