PSOE de El Boalo en la picota: su portavoz adjudicó 135.000 euros en contratos presuntamente irregulares a familiares

El Ayuntamiento de El Boalo tiene previsto emprender acciones judiciales y acudir a la Fiscalía Anticorrupción después de constatar que Soledad Ávila Ribada, concejal del PSOE y actual portavoz del Grupo Municipal, habría favorecido a varios miembros de su familia con contratos por un importe superior a 135.000 euros. Todo ello lo habría hecho sin respetar los procedimientos administrativos y vulnerando, presuntamente, la normativa vigente, entre los años 2015 y 2023, cuando ocupaba el cargo de concejala de Educación, Juventud y Familia y tercera teniente de alcalde de la localidad. Al parecer, durante ese tiempo, la edil socialista contrató, de manera recurrente, a tres de sus hermanos, una cuñada y dos sobrinos, por un importe total de más de 100.000 euros, aunque fuentes municipales aseguran que “ya venía haciéndolo con anterioridad, desde 2011, lo que supone una cifra de más de 130.000 euros”.

El Actual Gobierno municipal, presidido por el popular Sergio Sánchez Yunquera, se puso sobre la pista del caso el pasado mes de enero, cuando el gobierno municipal inició los trámites para realizar un análisis forense, que realizó una consultora, sobre las relaciones del Ayuntamiento con sus proveedores durante el período 2015-2023. Esta decisión “se tomó tras detectarse claros indicios de irregularidades”. La investigación luego fue confirmada por informes del Secretario y de la Interventora municipales, quienes han evidenciado la existencia de anomalías en la contratación de servicios.

A la luz de estos hechos, la Junta de Gobierno local decidió el 25 de marzo, trasladar la documentación a los servicios jurídicos municipales para que asesoren en las acciones legales necesarias para la protección del interés público.

Las adjudicaciones se realizaron “sin seguir los procedimientos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”, apuntan las mismas fuentes, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de los pagos realizados. La normativa establece la prohibición de contratar con familiares directos y el deber de abstenerse en dichos procedimientos, algo que la concejal no respetó.

El análisis forense también constata que “las facturas fueron aprobadas directamente por la Junta de Gobierno o por el propio alcalde, Javier de los Nietos Miguel (PSOE), sin el cumplimiento de los preceptivos procedimientos administrativos. Algunas de ellas carecían de la fiscalización previa de la intervención municipal y, en otros casos, existían informes negativos o en disconformidad”, apuntan desde el Consistorio.

El informe de la actual intervención municipal ha detectado un total de 228 facturas, de las cuales solo cuatro cumplen con los requisitos legales, incluyendo contrato, informes favorables y cumplimiento de la LCSP.

El Secretario municipal, en su informe, señala claramente que “se aprecia haber vulnerado la prohibición para contratar de la Sra. Ávila con sus familiares, conforme al artículo 71 de la LCSP, con evidente reincidencia. La Sra. Ávila debería haberse abstenido de intervenir, conforme al artículo 36 de la LRJSP”.

Asimismo, advierte de la existencia de un “patente conflicto de intereses” al ser la edil miembro de la Junta de Gobierno, órgano responsable de las contrataciones municipales. En su análisis, el secretario resalta que la situación compromete los principios de imparcialidad, acceso a la información pública y buen gobierno.

El informe concluye que, en el último extremo, los hechos podrían derivar en responsabilidades penales. En concreto, se mencionan los artículos 404 (prevaricación), 424 (tráfico de influencias) y 436 (negociaciones prohibidas a funcionarios) de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

El actual alcalde de El Boalo, Sergio Yunquera, ha manifestado que “se trata de unos hechos probados de enorme gravedad, por los que el PSOE y su portavoz tendrán que dar explicaciones ante la justicia y los vecinos. La Sra. Ávila debe pedir perdón, devolver el dinero y dimitir de forma inmediata”, ha manifestado a LA RAZÓN.