Recurso contra el archivo de la querella por prevaricación de la delegada del Gobierno

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado un recurso de reforma contra el archivo de la querella que presentó contra la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por cambiar de ubicación una protesta contra la Ley de Memoria Democrática.

Según la asociación querellante, durante el procedimiento se le denegó «la práctica de diligencias que, sin duda, ayudarían a esclarecer los hechos». Insiste por ello en que se «tome declaración, como testigos, tanto al presidente de la asociación como al orador encargado de pronunciar un discurso el día de los hechos, así como al agente encargado del dispositivo [policial] desplegado», que «manifestó a los participantes la obligación de colocarse en la zona delimitada en la decisión de Delegación de Gobierno», que es precisamente objeto de controversia aquella jornada del pasado mes de julio.

En su opinión, «unos hechos aparentemente delictivos», que así «calificó el propio instructor en el auto de incoación», devienen «atípicos con la mera declaración de la investigada que, recordemos, tiene derecho a no decir la verdad». Para la asociación, «excede realizar valoraciones relativas a la presunción de inocencia», un «principio que regirá en fase de juicio oral», donde «se desarrolla la totalidad de la actividad probatoria».

Sobre los criterios en los que González dijo basarse para autorizar las manifestaciones respecto a la existencia de antecedentes de incidentes de los convocantes, «habría sido ajustada a Derecho tratando situaciones iguales de modo igual». Ante la «inexistencia de incidentes de los convocantes (tanto los partidarios de la nueva ley como los detractores)» la representación legal de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica sugiere la necesidad de un «tratamiento equitativo».

En cuanto a la celebración –o no– de Pleno en el Congreso, la manifestación de la asociación querellante estaba prevista «cuando ya no había sesión plenaria», mientras que sí se celebraba durante la otra cita, como «consta en las propias convocatorias del Congreso de los Diputados, de acceso libre en la página web» de la Cámara.

Y sobre el número previsto de asistentes, el argumento de que si se trata de más de 150 personas se desplaza de lugar, «puede ser utilizado de manera interesada y subjetiva», aparte el hecho de que «ninguna legislación que regule el derecho de reunión y manifestación establece dicho criterio». En este caso, «situaciones iguales han sido tratadas de manera distinta en función de la ideología de la asociación convocante, a pesar de que ello haya sido negado -como es lógico- por la investigada», concluye el texto de la entidad querellante.