Ribera Salud llevará a juicio la filtración del audio de Torrejón

La crisis político-sanitaria abierta en torno al Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, va sumando nuevos capítulos tras la difusión de un audio «editado» en el que el CEO del grupo sanitario, Pablo Gallart, supuestamente instaba a rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para incrementar beneficios. Ahora, Ribera Salud, cuyo principal accionista es el grupo francés Vivalto, tiene previsto emprender acciones judiciales contra la exgerente del centro hospitalario, Pilar Navarro (cesada el pasado octubre), y su marido, Enrique Gonzalvo, fisioterapeuta del centro, «por difundir información de forma no autorizada», lo que podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos empresariales.

La decisión llega después de la denuncia interpuesta por la jefa de Enfermería ante la Policía, en la que reconoce haber grabado la conversación (de casi hora y media) que posteriormente apareció en los medios de comunicación, tras haber sido instada a hacerlo por la gerente cesada. «Graba la reunión, tenemos que protegernos», relata la enfermera en la denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La profesional envió la conversación por Telegram al marido de la exgerente, Enrique Gonzalvo, y pocos días después se encontró el contenido publicado en los medios. Una circunstancia inesperada para ella, que acudió a la Policía para denunciar que no había sido la autora de la filtración. La gestión de la exgerente ya estaba en entredicho. Los propios jefes de servicio habían pedido su sustitución el pasado junio, tras reprocharle que priorizaba criterios económicos sobre la calidad asistencial. Para añadir mayor complejidad al escenario, la exgerente presentó una queja a través del canal interno del hospital en la que acusaba a otros profesionales de las mismas irregularidades que semanas antes le atribuían a ella. Intentaba así invertir el relato y trasladar a terceros la responsabilidad de lo que se le imputaba.

Ribera Salud admite que, cuando Gallart asumió la dirección del hospital como nuevo CEO, planteó en una reunión con los directivos la posibilidad de aumentar las listas de espera, con la condición de que «siempre estuvieran por debajo de los niveles de la sanidad pública». Según la entidad, no se trataba de obtener rentabilidad económica mediante una mala praxis, sino de una fórmula para garantizar la supervivencia del centro. Y es que el hospital estuvo hace doce meses en preconcurso de acreedores y tuvo que recurrir a la Comunidad de Madrid para que le liquidara la deuda pendiente, con el fin de hacer frente a su delicada situación financiera. Ese pago se efectuó parcialmente y permitió al hospital continuar su actividad.

Está previsto que hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, mantenga una reunión con el presidente de Ribera Salud. En una entrevista concedida ayer a EsRadio, Matute defendió con firmeza la gestión sanitaria y acusó a los promotores del escándalo de «mentir vilmente» y de generar un ruido que, a su juicio, pretende «desviar la atención» de los problemas reales de la sanidad estatal. Matute explicó que, tras conocerse las informaciones que apuntaban a posibles irregularidades en la atención sanitaria y en la organización interna del hospital, su departamento inició un análisis interno apoyado en auditorías previas y datos de actividad. «Tenía tranquilidad por los datos: han aumentado las consultas, las cirugías y también el personal, que ha pasado de 1.018 a 1.201 profesionales. Nada apunta a que se haya actuado fuera de los estándares de calidad y excelencia», señaló. La consejera adelantó que la Comunidad de Madrid será contundente si alguien ha intentado cometer alguna irregularidad o si se descubriera una mala praxis. «Hasta ahora no hay nada que lo respalde», afirmó. Según Matute, las acusaciones afectan no solo a la entidad gestora, sino también a los trabajadores del hospital: «Lo más grave es que se está poniendo en duda a profesionales excelentes, compañeros míos. Se está insinuando que existe una connivencia, y eso no lo voy a consentir».

Matute insistió en que el debate abierto tiene un componente político que, en su opinión, erosiona a los profesionales y busca desacreditar el modelo de gestión público-privado implantado en la Comunidad de Madrid.