
Choque
Sánchez consagra a Ayuso como su rival política y ella responde con datos
El presidente del Gobierno usa el Congreso para acusar a la Comunidad de “privatizar” la sanidad y deteriorar la educación mientras Sol responde con resultados

La nueva ofensiva de Pedro Sánchez contra Madrid tuvo como escenario el Congreso con un presidente del Gobierno que dedicó buena parte de su discurso para informar sobre los últimos consejos europeos para disparar una ráfaga de acusaciones sobre la gestión autonómica del PP que recayeron en Madrid. Se centraron en la sanidad y la educación, dos asuntos en los que se centra gran parte del relato político actual y que pronto recibieron la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Con su discurso, Sánchez elevó a Isabel Díaz Ayuso hasta situarla en el centro del debate nacional para colocarla como el ejemplo del modelo que defiende el PP. Lo resumió en: privatización, deterioro de los servicios públicos y desigualdad, según su punto de vista, con idea de presentar al al gobierno central como garante del estado de bienestar.
El presidente cifró en 130.000 millones de euros las transferencias a la región madrileña durante los últimos siete años y acusó al Gobierno de Ayuso de haber “bajado los impuestos a las rentas altas”, de derivar uno de cada tres euros del gasto sanitario a empresas privadas, la responsabilizó de que haya caído la confianza de los madrileños en su sistema sanitario y de que haya tenido “las peores calificaciones de los últimos 15 años: las listas de espera para hacerse una prueba diagnóstica se han disparado, de manera que hoy hay que esperar hasta dos años señorías, dos años para ecografías por bultos en pecho o en cuello” y añadió que más de 360.000 madrileños han tenido que hacerse un seguro privado, un incremento del 16%, según dijo.
Sin embargo, la respuesta desde la Puerta del Sol no se hizo esperar. El Gobierno de Ayuso presentó un argumentario contundente bajo el lema “Madrid, la mejor sanidad pública de España” confrontando con cifras y proyectos que buscaban desmontar el relato de Moncloa. Los datos fueron rotundos: 3.000 millones más de inversión desde 2019, el 36% del presupuesto autonómico destinado a sanidad, 49 días de espera media para una operación (frente a los 148 de Cataluña) y seis de los diez mejores hospitales públicos del país según los principales rankings internacionales. A lo que hay que sumar que Madrid es líder en atención a pacientes de ELA y que ha empezado a construir el complejo sanitario más grande de Europa, como es la Ciudad de la Salud y lidera la formación sanitaria en España, esgrimió entre la decena de argumentos que contradijeron una por una las declaraciones de Pedro Sánchez.
Más aún, en lugar de negar la colaboración público-privada, el Ejecutivo madrileño la reivindicó como un modelo eficiente, innovador y exportable, que permite mantener la excelencia médica.
Por su parte, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, elevó el tono en el Consejo Interterritorial, acusando directamente a Sánchez y a la ministra Mónica García de “mentir de forma zafia” sobre los programas de cribado oncológico para “tapar su corrupción”. Matute defendió que Madrid “no oculta datos”, sino que exige un sistema homogéneo de indicadores y recordó que “el 90% del presupuesto sanitario va a hospitales públicos de gestión directa”. En su contraataque, dio la vuelta a la acusación: “Sánchez es quien está desguazando la sanidad al recortar su propio presupuesto en un 50%”.
Sánchez también arremetió contra Ayuso en materia educativa, otro de los frentes que existen entre ambas administraciones. El presidente del Gobierno apuntó a la educación madrileña, acusando a Ayuso de favorecer a la enseñanza privada: “En la Comunidad de Madrid la situación es tan grave que una universidad como la Universidad Complutense ha tenido que solicitar un crédito de 35 millones de euros para poder pagar sus nóminas. Y eso que la señora Ayuso es alumna ilustre de la UCM”, dijo. Pero en este capítulo el presidente del Gobierno no encontró respuesta en un momento en el que el Ejecutivo autonómico está negociando la financiación de las universidades.
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