Sánchez pasa a las autonomías una factura educativa millonaria

Las reformas educativas emprendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, con cambios legales en todas las etapas educativas, obligarán a las comunidades autónomas a hacer importantes desembolsos para dar cumplimiento a las leyes socialistas. En el caso de la Comunidad de Madrid, la factura es millonaria. Y eso que la educación es, después de la Sanidad, el ámbito que más dinero se lleva del presupuesto autonómico. El agujero que causará en las arcas autonómicas será importante ya que Ayuso tendrá que afrontar una "dolorosa" que supera los 200 millones de euros. En lo que afecta a la Educación Superior, la Comunidad de Madrid ya ha tenido que abonar a las universidades públicas 43,7 millones de euros para compensar lo que han dejado de percibir por la aplicación de las becas estatales de matrícula y por las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos en 2021-22.

A esta cantidad hay que sumar otros 43,9 millones por curso lectivo que el Ejecutivo autonómico tiene que desembolsar por la bajada de tasas universitarias a las que obligó la normativa que impulsó el ex ministro Castells. Así, Madrid ha aplicado una bajada del 20% en los precios de los títulos de grado, y un 30% en los másteres habilitantes.

Pero el agujero más profundo vendrá con la aplicación de la Ley de Universidades (LOSU), que ha entrado en vigor esta semana y que obliga a destinar el 1% del PIB a educación superior pública hasta 2030, lo que para el Gobierno de Díaz Ayuso supondrá casi doblar el presupuesto.

De momento, estabilizar a los profesores asociados de las universidades y reducir de 180 a 120 las horas anuales de docencia, como exige la LOSU, obligará a contar con más docentes de tal manera que, en lugar de contar con 6.117, habría que disponer de 9.200 y eso supone 41 millones más al año, según las primeras estimaciones de Educación.

Además, que los profesores asociados con el doctorado finalizado se convierten directamente en profesores ayudantes doctores, como también obliga la ley, costará otros 44,6 millones de euros más al año.

Suma y sigue. La reforma educativa emprendida en el ámbito no universitario (Lomloe) también generará desembolsos. Así, la equiparación de los profesores técnicos de FP a los de Secundaria costará a Madrid 7 millones más otros 3,5 euros por atrasos, con lo que dar cumplimiento a esta media costará 10,5 millones el primer año y 3,5 cada curso en lo sucesivo.

El detalle de la factura aún no ha acabado porque los alumnos de grado, máster y FP tienen que hacer prácticas en las empresas y tendrán que estar dados de alta en la Seguridad Social. El Gobierno central abonará el 95% de las cuotas, pero del 5% restante se tienen que hacer cargo las empresas, el centro de formación o la Administración autonómica, en el caso de los alumnos de FP que cursen estos estudios en la enseñanza pública. La Comunidad de Madrid calcula que para afrontar las cuotas de sus alumnos de Formación Profesional tendrá que pagar entre tres y cinco millones, mientras que las universidades entre ocho y diez.