Madrid pide cuentas a Sánchez por el «trato privilegiado» a las universidades catalanas

Nunca como hasta ahora había habido una correspondencia tan intensa Sol-Moncloa con peticiones múltiples que se hacen por carta desde todas las consejerías con destino a alguno de los 22 ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez. La última de las misivas la ha remitido el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, a Diana Morant, la nueva ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en la que expresa su preocupación «por el trato privilegiado que su ministerio dispensará a Cataluña en detrimento de las inversiones en investigación e innovación que podrían y deberían llegar al conjunto de comunidades autónomas», expone en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Así lo cree Viciana en base al acuerdo entre ERC y PSOE previo a la investidura de Sánchez, en el que, en su apartado 4, «compromete una transferencia de los Presupuestos Generales del Estado de al menos 150 millones de euros anuales para la investigación científica y técnica en Cataluña y, al menos, otros dos para becas», un montante del que no se beneficiarán universidades de otras comunidades autónomas, que, además, tendrán que asumir los costes que supondrá aplicar la nueva Ley de Universidades (LOSU) que ideó el exministro Manuel Castells y remató Joan Subirats. Estos costes los rectores de las universidades españolas estiman que ascenderán a los 844 millones anuales para todo el sistema universitario español, «sin que haya quedado recogido en ni ninguna parte de los Presupuestos Generales del Estado», se queja el consejero.

Viciana deja claro que su preocupación por este asunto no es una cuestión de su consejería exclusivamente, sino también de todas los rectores de las universidades madrileñas.

Es por esto por lo que Madrid ha solicitado a Morant que el plan específico para asignar a Cataluña dichos recursos, así como los planes que correspondan para asignar recursos análogos sean objeto de análisis en el seno del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.

Madrid recuerda que «de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, en el Reglamento del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, órgano de coordinación general entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de I+D+I, se recogen, entre otras, las funciones sobre el establecimiento de planes específicos de cooperación entre comunidades autónomas en materia de investigación científica y técnica y de innovación, y la promoción de acciones conjuntas entre comunidades autónomas, o entre éstas y la Administración General del Estado, para el desarrollo y ejecución de programas y proyectos de investigación».

Es por esto por lo que Madrid pide al Gobierno que «cumpla con el Reglamento y la asignación se haga siguiendo criterios homogéneos para el resto de autonomías».

El asunto tampoco ha pasado desapercibido para algunos expertos del ámbito educativo, como el exsecretario general de Universidades, Jorge Sainz, o la exportavoz de Educación por Cs, Marta Martín, quienes ya habían advertido de que el documento firmado entre PSOE y ERC revela, en su página 13, cambios que han pasado desapercibidos pero que «afectarán gravemente a la financiación de las universidades españolas». Alertaban de que se tocaba la I+d+i y las becas, estableciendo un nuevo paradigma en la educación superior, que «crea una distinción entre universitarios de primera y segunda categoría en España».

Su queja, que ahora comparte la Comunidad de Madrid, es que «independientemente de la calidad de los proyectos presentados por los investigadores, las comunidades autónomas distintas a Cataluña recibirán un 8% menos de fondos, mientras que las universidades catalanas serán financiadas tanto por la Agencia Estatal de Investigación como por la Generalitat que tendrá un 8% de dinero adicional».

Desde su punto de vista «esto representa una notable pérdida de competitividad para una parte significativa del sistema universitario español. Si se ubican en Cataluña, los proyectos tendrán más posibilidad de ser financiadas por los españoles, y a nadie se le escapa la conexión de la I+D+i con el desarrollo territorial. Blanco y en botella: inversión para el futuro local, a consta del bolsillo nacional y en detrimento de otros polos de desarrollo».

División del sistema

El acuerdo PSOE-ERC destina, además, dos millones de euros para la gestión de becas. Así, «al desmembrar su gestión del resto, el acuerdo firmado por el PSOE, convierte las becas en un privilegio para los estudiantes catalanes», en detrimento de los de otras comunidades, como los madrileños.

Así las cosas, «los cambios introducidos por el acuerdo del PSOE crean, en definitiva, una división clara en el sistema universitario español. Por un lado, están los universitarios catalanes, que se beneficiarán de fondos adicionales y becas propias, directamente asignadas desde los Presupuestos Generales del Estado. Por otro lado, el resto de los universitarios españoles, que enfrentaremos una competencia más intensa por recursos reducidos, que retrasará el desarrollo y crecimiento de nuestras instituciones y de nuestras comunidades».

Es por esto por lo que concluyen que «los acuerdos propuestos van a tener implicaciones duraderas en la equidad y la excelencia en el sistema educativo superior de España».