Fraude de los chips: Agricultura va a modificar el sistema de registro animal

La Comunidad de Murcia tiene previsto “rediseñar y mejorar” el registro de identificación animal de la Región en el desarrollo reglamentario de la Ley de Protección de Animales de Compañía cuyo borrador ya está preparado para iniciar su tramitación en el primer semestre de 2020, según han indicado a LA RAZÓN fuentes de la Consejería de Agricultura. Cuando se publique el decreto que desarrolle la citada ley, la Comunidad hará oficial el trámite y “se rediseñará y mejorará el registro, momento en el que se analizarán posibles irregularidades cometidas anteriormente”.

En las diferentes Comunidades Autónomas los registros de identificación animal ya han pasado a ser oficiales y públicos, es decir de la Administración, pero en la Comunidad de Murcia este trámite aún no se ha adoptado y actualmente rigen los registros del Colegio Profesional de Veterinarios.

Ante el gran malestar entre el colectivo veterinario por el presunto fraude destapado por La Razón, el Colegio ha enviado por email un comunicado a todos sus colegiados en el que insiste en que “la veracidad de los datos en el registro (animal, propietario, vacuna de rabia y comunicación de leishmania) corresponde al veterinario y no es responsabilidad del SIAMU, sistema de identificación animal de Murcia”.

En el email firmado por el propio presidente del Colegio, Fulgencio Fernández Buendía, reconoce la existencia de “situaciones complejas” que se han tenido que solventar, y matiza que “la inmensa mayoría de los colegiados son cumplidores con los requisitos implantados”. A este respecto, Buendía recuerda que “el SIAMU, es una base de datos privada, que la Comunidad Autónoma aún no ha incluido dentro de su Registro”, y matiza que “no se rige por preceptos oficiales sino por nuestro Reglamento Interno aprobado en Asamblea General”.

El presidente de los veterinarios murcianos defiende su sistema del que afirma que “cumple con todos los preceptos en cuanto a la protección de datos, fiabilidad y trazabilidad, y su gestión y control es impecable”.

Tal como ha destapado este periódico con documentos del propio SIAMU, obtenidos a través de su sistema de registros, hay una serie de irregularidades documentadas como perros registrados en el SIAMU mucho antes de nacer, canes puestos a nombre de protectoras que nunca los vieron, animales dados de alta en la base de datos diez años después de ponerles el microchip, o un aluvión de altas de perros en solo tres días, todo ello por una misma veterinaria, Ana María Martínez Ferra, sobre lo que hay abierta una investigación judicial .

Aunque este periódico se ha puesto por distintos medios en contacto con el Colegio para recabar su posición frente a las irregularidades destapadas, por el momento no ha obtenido respuesta alguna, a excepción de una escueta conversación con la abogada del Colegio en la que reconoció la existencia algún problema con esta veterinaria: “sabemos que tiene algún tema porque a nosotros se nos ha citado también por parte del Juzgado, no se nos ha citado todavía sino que se nos ha solicitado información y demás”, señaló la abogada a LA RAZÓN.

Este extremo también fue reconocido por el Colegio en el comunicado a sus colegiados, en el que indica que el “fraude es más bien un presunto fraude porque está en investigación judicial, que se le pidió al Colegio información oficial al respecto, pero no podemos abundar más porque está en investigación”.

La Comunidad de Murcia aprobó el 23 de noviembre de 2017 su Ley de Protección de los Animales de Compañía, una Ley muy ambiciosa que en su artículo 15 “crea el Registro de Animales de Compañía de la Región de Murcia, dependiente de la consejería competente en materia de protección y sanidad animal”. Y dictamina que “Dicho registro consistirá en una base de datos informática, que contendrá como mínimo, todos los datos relativos a propietarios de los animales, identificación de los mismos, así como las enfermedades y tratamientos que reglamentariamente se establezcan, incluidos los de desparasitarlos y vacunas recibidas”.

El siguiente paso, ya en marcha, es que la base de datos de los microchips realizadas por el Colegio de Veterinarios de Murcia pase a este Registro Oficial de la Consejería, pero para ello es necesario que estén “limpios” de irregularidades o sospechas de fraude, proceso que se podría ver retrasado, o incluso paralizado, mientras que siga la investigación judicial en curso.