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Ramón Tamames
Ramón TamamesGonzalo PerezLa Razón

Parafraseando alguna poemática medieval, podríamos decir aquello de que «en medio de la confusión, más que airoso, se presentó Don Beltrán». Una referencia al hecho de que en el contexto de penurias varias por la pandemia recorriendo España, se anunció la ayuda, en magnitudes casi increíbles, de la Unión Europea. Cuando la verdad es que ya le estábamos dando bien rápido a la maquinilla de la deuda pública, «soberana», que se dice; en un mercado mundial de capitales en el que el bono español a diez años tiene un interés de sólo el 0,016 por 100: dinero casi gratis. La contribución de la UE, con 70.000 millones de subsidios y casi otro tanto de créditos blandos para recuperación industrial y de infraestructuras, es como el maná que cayera del cielo en una travesía del desierto en la que Yahvé se acordó de los españoles.

Pero ahí está precisamente el problema: con tanto dinero disponible para hacer frente a la crisis, casi 200.000 millones de euros –con otras prestaciones especializadas–, la cuestión es cómo gestionar en poco más de un trienio, la más eficiente distribución de esos fondos; equivalentes al 80% de las transferencias netas recibidas de la UE entre 1986 y 2019, a lo largo, pues, de 33 años.

Así las cosas, dentro del llamado «Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia», del que ya se cuenta con unas primeras indicaciones, ha de concretarse el repertorio de proyectos a enviar a Bruselas antes del 15 de abril de 2021. En ese sentido, tal vez sería necesaria una especie de Alta Autoridad, honesta y a carta cabal, y con los mejores medios humanos. Para que los fondos europeos fluyan no sólo con rapidez, sino con reformas efectivas, para la transformación real de la sociedad española en la línea de la economía verde y circular, la digitalización, y la inteligencia artificial; sin olvidar la España vacía.