Expertos abogan por un bono social que garantice la protección de los vulnerables

España es de los pocos países de la UE en los que todavía existe una tarifa regulada de último recurso, el llamado PVPC. Esta tarifa está, además, indexada al pool, el mercado mayorista de energía eléctrica de la Península Ibérica, en el que productores y comercializadores negocian la compraventa de electricidad para cada hora del día siguiente. Esto implica que a los consumidores acogidos a esta tarifa se les traslada directamente las subidas y bajadas de precio diarias en un mercado que, en estos momentos, está viviendo una enorme volatilidad con precios récord cada día.

En línea con las recomendaciones de la UE, diferentes estados de la UE están eliminando este tipo de tarifas reguladas, y países como Italia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia han establecido ya una hoja de ruta para eliminar la intervención pública en los precios eléctricos en el corto o medio plazo. Italia, en concreto, lo hará a partir de enero de 2023.

Por este motivo, el informe «El bono social como protección al consumidor vulnerable» realizado por PwC, subraya que «la intervención pública en los precios minoristas eléctricos debería limitarse exclusivamente a su afección a los sectores de consumidores vulnerables, eliminando progresivamente todo tipo de tarifa regulada de alcance más generalista, tal y como señala la Comisión Europea». Los expertos sostienen que España necesita alinear sus mecanismos de protección al consumidor vulnerable con un precio fijo reducido, y financiarlos a través de sistemas no discriminatorios y con carácter de ayuda social, a los que se puedan acoger los consumidores vulnerables sin sufrir cambios bruscos y continuos en el precio de la electricidad.

Además, y con el fin de concentrar las actuaciones en aquellos consumidores que realmente las necesitan, «los criterios de acceso deberían ser estrictamente socioeconómicos, ateniéndose a indicadores como la renta disponible y desligados de aspectos como el consumo o coste de la energía».

El bono en España

En España, el bono social eléctrico es un descuento que se aplica sobre la tarifa del mercado regulado. Según el informe elaborado por PwC y publicado por Fundación Naturgy, «aunque el uso de este tipo de medidas regulatorias está avalado por la Directiva UE 2019/944, esta misma pone como condición que sea aplicado únicamente a consumidores vulnerables y como medida de carácter temporal, al contrario de la actual concepción del bono social español».

Los Estados miembro disponen de diferentes vías para la financiación de estas medidas de apoyo al consumidor vulnerable. En España, el bono social se financia a cargo de todas las comercializadoras de energía en función de su número de clientes. Sin embargo, «en los países de nuestro entorno se observa una tendencia hacia una tarifa social, desvinculada de las tarifas reguladas, que eliminen incertidumbres para el consumidor vulnerable al que están destinadas», explican los expertos, que recuerdan que en Francia e Italia, por ejemplo, los mecanismos de apoyo y ayuda al consumidor vulnerable «se consideran una medida más de la política social del país, por lo que se financian a cargo de Presupuestos Generales del Estado».

La palabra de los tribunales europeo y español

El sistema de financiación del bono social español para colectivos considerados vulnerables fue anulado a finales de 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo consideró «discriminatorio» e incompatible con la normativa europea. Tal y como explica PwC en su informe, «la justicia europea considera que el régimen que estableció el Gobierno español para sufragar su coste conduce a una diferencia de trato entre las distintas sociedades que operan en ese mercado que no está justificada de manera objetiva».

En línea con esta sentencia, el Tribunal Supremo anuló el modelo de financiación del bono social, al entender que no se ajusta a la legislación europea, indicando que en otros países de la Unión Europea está establecido que ese coste lo sufraguen los PGE, mientras que en España se ha optado por hacer recaer esta obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico.