El asesinato de presos en el barco-prisión Alfonso Pérez

Durante el primer año de la Guerra Civil, de julio de 1936 a finales de agosto de 1937 –cuando entraron los nacionales–, funcionaron en la ciudad de Santander tres checas, siendo la más tristemente famosa «la de Neila», por el número de detenidos y torturados, y el de presos que salieron de ella camino de la vida eterna. Estaba en la calle del Sol, en un edificio de tres alturas, incluyendo las mansardas, aparte de los sótanos, que aún sigue en pie, frente a la iglesia del Carmen. Daba nombre a esta «cárcel del pueblo» Manuel Neila Martín, socialista, antiguo empleado como dependiente de una tienda de telas del Paseo de Pereda, aunque mi madre, santanderina de origen y conocedora de primera mano de aquellos sucesos, aparte de confirmar que «la peor [checa] era la de Neila», cuenta que NeIla decía que era sastre, lo que no resulta incompatible con lo anterior.

Con el triunfo amañado de las izquierdas en las trágicas elecciones de 1936, Neila se elevó a comisario y responsable de un inquietante organismo que se denominó Comisión de Policía del Frente Popular, que recuerda excesivamente al Comité de Salud Pública de Robespierre, responsable directo de una época que ha pasado, justamente, a la historia como El Terror, de un Terror santanderino que alcanzó a toda la provincia, aunque quedó diluido en el que presidió toda la represión republicana de la España mártir.

Neila participó en las matanzas del barco-prisión Alfonso Pérez, donde los presos fueron acribillados el 27 de diciembre de 1936, como represalia por un bombardeo de la aviación nacional. El asalto al buque-prisión Alfonso Pérez comenzó primeramente con el asalto de las turbas, sospechosamente raudas y organizadas, seguidas de cerca por los milicianos, que protagonizaron el primer acto de aquella carnicería, arrojando bombas de mano contra los presos de las bodegas. La explosión de aquellos artefactos contra las planchas de metal causaron, además de un buen número de muertos, otro aún mayor de heridos con lesiones incurables, que quedaron abandonados a una lenta agonía.

Inmediatamente apareció el comisario Neila y el gobernador civil Juan Ruiz Olazarán, de las Juventudes Socialistas, estableciendo allí mismo, en cubierta, un tribunal por el que iban pasando los más sospechosos que figuraban en las listas que los improvisados jueces llevaban consigo. El simulacro de juicio se limitaba a ir llamándolos y preguntarles nombre y «procedencia», para, sin más trámite, condenarles al cumplimiento inmediato de la pena capital, fusilándolos en el acto.

Pero bien pronto se prescindió del absurdo trámite, que solo servía para retrasar los planes de exterminio, pasando, por segunda vez, los asaltantes a la acción directa sin más dilación, volviéndose de nuevo contra los que permanecían vivos, en el estado que fuera, dentro de las bodegas. En total asesinaron a 156 personas, dando preferencia a los que tuvieran, o hubiesen tenido, por muy retirados que estuvieran, profesiones “peligrosas”, como los militares, así como los dirigentes o afiliados a partidos de las derechas, o bien aquellos que llevaran apellidos ilustres, sin más circunstancias agravantes.

Pero asesinaron, sobre todo, a los católicos más significados, por sus votos o compromisos. A los sacerdotes o religiosos se les ordenó dar un paso al frente, y así fueron eliminados los sacerdotes seculares, don Eliseo Alonso Pumarejo, don Hilario Arce Cañete, don Lorenzo Diez Morana –que no murió en el acto sino en el hospital de Morales a consecuencia de las heridas–, don Francisco González de Córdoba, don Bernardino Hoyos Bustamante, don Vicente Poo Noriega, don Aurelio Velasco Martínez, don Serafín Villar Laso, don Eloy Martínez Muñoz (diócesis de Madrid), y Dyn Manuel Navarro Martínez (diócesis de Plasencia), el seminarista don Jesús Serrano Calderón (de la diócesis de Solsona), el sacerdote escolapio Padre Alfredo Parte, el Padre Ambrosio de Santibáñez (capuchino), y el carmelita Fr. Maximino de la Virgen del Carmen (Maximino Sáez Martínez).

El Padre Ambrosio, minutos antes de morir, tras invitar al arrepentimiento, incorporándose lo que pudo sobre su colchoneta, había dado la absolución general a los presos, mientras que los Padres Don Eloy Martínez y Don Manuel Navarro administraron el sacramento de la confesión hasta minutos antes de ser ejecutados.

Tres de aquellos mártires del barco –como se referían al Alfonso Pérez en mi familia al contar durísimas historias de amigos que pasaron por él, algunos para no volver– han sido ya beatificados: dos de los mencionados sacerdotes, Don Alfredo Parte y Fr. Ambrosio de Santibáñez, y un seglar, el valenciano José María Corbín Ferrer, de 22 años de edad, perteneciente a la Federación Regional de Estudiantes Católicos, que, terminada su carrera de Química, fue pensionado para la Universidad Internacional de Santander, a donde llegó en el mes de julio de ese año. Fue beatificado por San Juan Pablo II, en Roma, el 11 de marzo de 2001.