Nuevo enfrentamiento de los transportistas con el Gobierno: ahora quiere eliminar el gasóleo profesional

El Ministerio de Hacienda trabaja en la posible eliminación del gasóleo profesional para el transporte por carretera, como ya recogía el Plan de Recuperación y Resilencia enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de abril. Esta iniciativa va a provocar un nuevo enfrentamiento entre los transportistas y el Gobierno que podría alentar aún más a las anunciadas movilizaciones de antes de Navidad.

La patronal de los transportistas, Fenadismer ha declarado que “no admitirá que el Gobierno elimine la figura del gasóleo profesional para el transporte por carretera” y recuerda al Gobierno que se comprometió con el sector a mantenerlo. Asimismo, exige que se defienda en Bruselas su continuidad, ya que cualquier revisión de las Directivas europeas en la materia requiere unanimidad de todos los Estados miembros.

Una decisión como la anunciada por el Ejecutivo acrecentaría aún más la gravísima situación económica que atraviesa el sector del transporte por carretera debido a la incontrolada subida de sus costes de explotación, especialmente de los carburantes. Estos han experimentado un encarecimiento de un 35% en el último año. Por ello, califican esta decisión como “una nueva amenaza contra el sector de la mano del Ministerio de Hacienda, que trabaja en la posible eliminación del gasóleo profesional para el transporte por carretera”. Al parecer, el propósito de la eliminación de este gasóleo para los profesionales fue confirmado recientemente la subdirectora General de Impuestos Especiales y Tributos sobre el Comercio Exterior y el Medio Ambiente, en un coloquio organizado por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

El gasóleo profesional es una pequeña bonificación fiscal que se calcula por la diferencia respecto del impuesto de hidrocarburos que se aplica al gasóleo de uso particular, y que actualmente es de 4´9 céntimos por litro. Se benefician de este gasóleo profesional los titulares de camiones de más de 7′5 toneladas de carga máxima, autobuses y taxis en los consumos que realicen a través de tarjetas de carburante, bien en estaciones de servicio o bien en sus propias bases a través de una unidad de suministro propio debidamente legalizada.

No es la primera vez que el Gobierno manifiesta su intención de eliminar dicha figura. Así con ocasión del Documento del Plan de Recuperación y Resilencia que remitió a la Comisión Europea el pasado mes de abril se incluía tal supresión al señalar que “con el objetivo de moderar las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, cumplir los compromisos europeos en materia medioambiental, se considera precisa la revisión de las bonificaciones existentes en la actualidad en algunos carburantes empleados en automoción”.

Sin embargo, la patronal del sector recuerda al Gobierno el acuerdo pactado entre las asociaciones de transportistas y el Ministerio de Transportes en junio del pasado año, que incluía diez reivindicaciones del sector, entre otras, el mantenimiento del régimen de gasóleo profesional e incluso su ampliación a los vehículos de transporte de menor tonelaje. Por otra parte, exigen que el Gobierno defienda la continuidad de dicha figura fiscal con ocasión de la reforma de las Directivas sobre fiscalidad de los carburantes que se negocia en Bruselas, ya que cualquier modificación al respecto requiere la unanimidad de todos los Estados miembros.

Porque la realidad es que la electrificación del transporte profesional es, al día de hoy y en los próximos años, algo prácticamente irrealizable, como así lo reconoce la Comisión Europea en su nuevo Libro Blanco de Transporte que, pese a su objetivo de descarbonizar el transporte y apostar por energías alternativas “seguirá dependiendo del petróleo en el 77 % de sus necesidades energéticas de aquí a 2050″.