Los retrasos en la aprobación del PERTE pueden poner en peligro la viabilidad de algunas fábricas

Aunque el Gobierno ha publicado este martes las bases para acceder a las ayudas de 2.975 millones de euros incluidas en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, los retrasos y la burocracia pueden poner en peligro la realización de algunos proyectos importantes que están sujetos a la asignación de estos fondos para cristalizar. La construcción de una planta fabricante de baterías o la adjudicación de modelos eléctricos a algunas factorías establecidas en España, como la de Volkswagen de Landaben, no prosperarán si los fondos se retrasan. Y la pérdida de nuevos modelos electrificados puede poner en peligro la viabilidad a medio y largo plazo de algunas de las plantas de producción establecidas en España.

Aunque el plan cuenta con un presupuesto de 2.975 millones, 1.425 serán adjudicados en préstamos y 1.550 en subvenciones. Las concesiones se llevarán a cabo en los dos próximos años, aunque los proyectos podrán ser realizados hasta el 30 de septiembre de 2025. Con este impulso económico, el Gobierno aspira a movilizar una inversión privada de 11.900 millones en un sector estratégico para España. Sin embargo, las bases reguladoras que establecen los requisitos para la concesión de las citadas ayudas del llamado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE_VEC), son complejas y complicadas. Así, las entidades interesadas en presentar una solicitud se deberán constituir como una agrupación de empresas sin personalidad jurídica.

Las solicitudes denominadas de “proyectos tractores” deberán incluir proyectos que involucren a varios eslabones de la cadena de valor y dentro de los bloques obligatorios, así como alguno de los opcionales y los transversales. Los bloques obligatorios son fabricación de equipos originales y ensamblaje, fabricación de baterías o pilas de hidrógeno y fabricación de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado. Los de carácter adicional son la fabricación de componentes del vehículo inteligente, la conectividad del vehículo eléctrico y la fabricación de sistemas de recarga.

Podrán optar a las ayudas agrupaciones organizadas en torno al sector industrial de automoción con una combinación como mínimo de cinco entidades jurídicas diferenciadas que no pertenezcan al mismo grupo empresarial. Al menos una perteneciente a la fabricación de vehículos y otra a la de componentes. Un 40% de la agrupación deben ser pymes y deberá contar con la colaboración de un mínimo de un proveedor de tecnología y tener implantación en al menos dos comunidades autónomas.

El representante de los fabricantes españoles, el director general de Anfac, José López Tafall, ha indicado al respecto que estamos ante una oportunidad única de utilización de los fondos de la UE, pero advierte que “debe venir acompañado por otras medidas que promuevan la recuperación del sector, reduzcan la incertidumbre entre los consumidores e impulsen la electrificación y la renovación del parque. La instalación de infraestructuras de recarga de acceso público para vehículos electrificados; el modelo de fiscalidad del sector basado en el uso y no en la compra; los planes de apoyo a la demanda y a la renovación y una política activa de apoyo a la adaptación profesional son iniciativas complementarias a este plan e imprescindibles para el desarrollo que el sector debe abordar en las dos próximas décadas”. El plan de ayudas no parece contemplar, por otra parte, la renovación tecnológica de las pymes que forman las redes comerciales de distribución, como había solicitado reiteradamente la asociación empresaria Faconauto.