Un fallo informático anula miles de multas en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que entre junio y agosto del año pasado no se registraron correctamente miles de escritos de recurso en materia de tráfico. La empresa especializada en recursos Pyramid Consulting ya ha recibido más de 5.000 expedientes anulados. Un error informático sin precedentes en el Ayuntamiento de Madrid ha obligado a revocar miles de sanciones de tráfico por no haberse tramitado adecuadamente los escritos presentados por los ciudadanos.

El problema, detectado por el despacho legal la citada consultora, afectó a todos los recursos, alegaciones o escritos de identificación de conductor presentados entre junio y agosto de 2024. Aunque los ciudadanos presentaron sus escritos en tiempo y forma, estos no llegaron a ser tramitados internamente por los sistemas municipales. La consecuencia: caducidad y prescripción de los procedimientos sancionadores, tal y como establece el artículo 112 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

Desde el propio consistorio se ha reconocido la incidencia, atribuyéndola a un fallo aleatorio del sistema informático, y se ha comprometido a subsanar el error y revocar los expedientes afectados. Ya se han detectado más de 5.000 multas tramitadas por los departamentos jurídicos y sobreseídas por este motivo. Según explican, en todos los casos se cumplió el plazo legal de presentación, pero el Ayuntamiento no registró los escritos ni respondió dentro de los tiempos establecidos por ley, lo que invalida el procedimiento.

“Es un caso de manual: si el Ayuntamiento no resuelve dentro del plazo, el procedimiento debe declararse prescrito o caducado dependiendo de la fase en la que se encuentre el procedimiento sancionador. Lo grave es que miles de ciudadanos podrían haber sido sancionados ilegalmente de no haberse detectado esta irregularidad”, señala el equipo jurídico de Pyramid.

Los expertos recomiendan revisar cualquier expediente sancionador gestionado entre junio y agosto de 2024. Si se presentó algún escrito y no se recibió resolución dentro del plazo, es posible que el procedimiento deba anularse. En la mayoría de los casos, ni siquiera se notificó correctamente la resolución, lo que deja a los ciudadanos en una situación de indefensión.