Las Zonas de Bajas Emisiones, en crisis tras el ejemplo de Francia

Las polémicas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que algunos ayuntamientos españoles han impuesto en el centro de sus ciudades, podrían replantearse tras la decisión que se ha tomado en Francia donde la Asamblea General, equivalente a nuestro parlamento, que ha rechazado el establecimiento de este tipo de medidas que limitan la libertad de circulación de los ciudadanos y perjudican a los que menos posibilidades económicas tienen por su imposibilidad de acceder a un coche nuevo.

Y es que la Asamblea Nacional francesa debatió sobre un texto destinado a levantar las restricciones medioambientales a la agricultura y aprobó de paso un artículo sobre la abolición de las zonas de bajas emisiones (ZBE), presentado por el partido de extrema derecha RN y el partido conservador LR, en el marco del proyecto de ley de simplificación de la vida económica. La abolición de las ZBE podría costar a Francia al menos 3.000 millones, por lo que el gobierno estaba en contra de esta abolición.

Lanzadas en 2019 para limitar las emisiones de partículas finas en las zonas urbanas, las ZBE francesas son una de las medidas más discutidas de la Ley del Clima del primer mandato de cinco años de Emmanuel Macron. La exclusión de los vehículos más contaminantes de las zonas urbanas es vista por sus detractores como una medida discriminatoria contra los hogares menos favorecidos que no pueden permitirse comprar un vehículo eléctrico o menos contaminante.

Irónicamente, esta votación de los diputados llega poco después de la publicación de un informe sobre las consecuencias de la contaminación de los vehículos diésel sobre la salud pública, que ha causado 16.000 muertes en Francia desde 2009, según el Centro de Investigación sobre la Energía y el Aire Limpio. Sin embargo, algunos diputados consideran que esta abolición de las ZBE en Francia corre el riesgo de ser censurada en el Consejo Constitucional.

En ambientes políticos se está comenzando a valorar que algún partido político del parlamento español lleve al pleno alguna iniciativa semejante a la francesa y ganarla, lo que podría provocar una prohibición de las ZBE en las capitales españolas que ya la tienen establecidas, como Madrid y Barcelona, y que además ya están siendo muy contestadas tanto por los ciudadanos como por algunas decisiones judiciales negativas por abusos o errores en su establecimiento.