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2040, el año en el que ya no se venderán ni coches híbridos

El Gobierno quiere que en 2050 no puedan circular ni vehículos de gasolina ni diésel ni híbridos, al igual que en Reino Unido. El sector, que sabe el poco peso que tienen hoy los eléctricos en el parque automovilístico (0,5%), lo rechaza.

Fijará como obligatorio la instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes.
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El Gobierno quiere que en 2050 no puedan circular ni vehículos de gasolina ni diésel ni híbridos, al igual que en Reino Unido. El sector, que sabe el poco peso que tienen hoy los eléctricos en el parque automovilístico (0,5%), lo rechaza.

El Ministerio para la Transición Ecológica quiere prohibir la venta de vehículos diésel, de gasolina e incluso de híbridos con emisiones directas a partir de 2040. Ésta es una de las medidas que recoge el borrador de la futura ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que persigue descarbonizar la economía cueste lo que cueste. De este modo, a partir de ese año no se permitirá ni la matriculación ni la venta de este tipo de turismos que produzcan emisiones directas (sí indirectas); una prohibición que también se extiende a los vehículos comerciales ligeros. «22 años permiten al sector del automóvil avanzar y adaptarse a este objetivo», precisaron fuentes del Ministerio. Ahora bien, los propietarios de estos vehículos podrán seguir circulando aunque sólo «hasta 2050», para entonces el uso de estos vehículos en las ciudades será prácticamente nulo a tenor de las restricciones que empieza a haber. «Se trata –prosiguen– de una propuesta similar a la de Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en 2050 ya no podrán circular». Noruega seguirá, eso sí, siendo el primer país en prohibir la venta de los vehículos de combustible: lo hará en 2025, año en el que Baleares también prohibirá los diésel. Con el fin de fomentar la movilidad cero emisiones directas, el Gobierno va a crear una red de «electrolineras». En concreto, a partir del volumen de vehículos eléctricos a la venta se irá obligando a las gasolineras a poner puntos de recarga eléctrica.

Ahora bien, es un objetivo que hoy, al menos, parece demasiado optimista, ya que por ejemplo en octubre sólo se matricularon 1.222 vehículos eléctricos, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Y en diez meses: 9.980. Es decir, muy pocos, máxime si se tiene en cuenta que sólo hay 12.852 eléctricos puros si se comparan con los 24,5 millones de turismos que conforman el parque. De ahí que, desde Anfac, rechacen esta medida por «excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos».

Mix eléctrico 100% renovable

A su vez, el Ejecutivo prevé un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación a partir de energías renovables en 2030 para alcanzar en 2050 un mix eléctrico 100% renovable. Para alcanzar el objetivo del 70% –y garantizar que usted tenga electricidad para poder calentar la leche por las mañanas a la hora que quiera– «se necesitan renovables gestionables: biomasa, solar termoeléctrica con almacenamiento, hidráulica», explican a este periódico desde APPA Renovables.

Para ello, el Gobierno pretende sacar a concurso un mínimo de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable al año durante la década 2020-2030. «3.000 MW al año es asumible. De hecho es posible que se quede corto para alcanzar ese porcentaje», aseguran desde APPA Renovables, que recuerdan que de los 104.122 MW instalados en España, el 46,3%, según datos de REE, son renovables. Un objetivo, el de un mix eléctrico 100% renovable, muy ambicioso dado que en 2017 las renovables generaron sólo el 32,1% de la electricidad (aunque en 2014 llegaron a cubrir el 40,6%).

Adiós a los fósiles

El documento también anuncia el fin de las ayudas a los fósiles, la explotación de hidrocarburos y el «fracking». Así, a partir de la entrada en vigor de la ley, no se autorizarán más proyectos de exploración, ni de investigación ni de explotación de hidrocarburos en todo el país (incluido el mar) y el «fracking» se prohibirá en todo el territorio. Y en 2040, las prórrogas vigentes no seguirán. Ahora bien, no prohíbe las importaciones...

Rehabilitación de edificios

Respecto a la edificación, el ministerio va a promover que al menos «100.000 viviendas al año se vayan a rehabilitar entre 2021 y 2030». Es decir, un millón de viviendas en esos diez años, con la consiguiente inversión que posteriormente se amortizará. Así, según el informe «Una visión-país para el sector de la edificación en España» del arquitecto Albert Cuchí, concluía que transformar 10 millones de viviendas en hogares de bajo consumo requeriría una inversión de 160.000 millones, una cuantía que se amortiza por al evitar 300.000 millones por el derroche energético y la generación de emisiones. Pues bien, al ser un millón de viviendas en vez de 10 millones, la inversión necesaria sería unos 16.000 millones.

Más exigentes que la UE

Dentro de su senda para descarbonizar la economía en 2050, con un plazo de transición de 2030 (y que será revisada cada cinco años), el Gobierno se ha marcado unos objetivos finales «más exigentes que los que nos marca la propia UE», aseguran fuentes del Ministerio, que recuerdan que España emite un 17% por encima del nivel de 1990. En concreto, quieren «reducir para 2030 en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990; lograr que las renovables representen el 35% de consumo de energía final, que el sistema eléctrico sea al menos un 70% renovable y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35%». Con estas medidas, España generará 60 millones de toneladas de emisiones menos que lo que nos marca la UE (230 millones en vez de 290). «El objetivo marcado para España por la UE es incrementar las renovables un 32%. Es decir, que el 35% es un aumento de un 9,38% más de lo que nos tocaría oficialmente», explican desde APPA, que estiman que «el sector renovable necesitará unos 100.000 millones de euros de inversión y se generarán unos 130.000 nuevos empleos».

Recursos económicos

En este apartado, fuentes del Ministerio estiman que «al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático». «Esto supondría –según APPA– unos 19.000 millones anuales en 2030, multiplicando por 2,5 los valores actuales». Además, el Gobierno prevé que podrán movilizar unos 100.000 euros de aquí al año 2030 en la descarbonización.