La Fiscalía investiga el «caso amianto»

Abre diligencias penales para determinar si se ha cometido algún delito en la gestión de la crisis por la presencia del material cancerígeno. Pide a Metro un informe «urgente» sobre las medidas de seguridad que está adoptando.

Metro de Madrid tendrá que dar explicaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid por la gestión que ha realizado desde que, al menos desde el año 2003, constatara la presencia de amianto, un mineral cancerígeno, en más de un centenar de trenes, algunos de ellos en funcionamiento, otros reservados para mantenimiento. El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación penal después de recibir el acta remitida por la Inspección de Trabajo de Madrid en la que se detallaba que la compañía «no había adoptado las medidas suficientes para evitar la exposición de sus trabajadores a la presencia de amianto en alguno de los materiales con los que realizasen las labores de mantenimiento de las instalaciones como lijado, montaje y limpieza de apagachispas». Unos materiales a los que, subraya, que no están expuestos «en modo alguno» los viajeros.

La Fiscalía señala que «teniendo en cuenta la peligrosidad de dicha sustancia que contiene agentes cancerígenos», unido a la denuncia de un trabajador con cáncer por su exposición al amianto del suburbano, así como la de muchos de sus compañeros, ha motivado la apertura de investigación que llevará a cabo la sección de Siniestralidad Laboral, que será quien determine si los hechos fuesen constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y si hay responsable o responsables de los mismos.

Como primera medida, el Ministerio Fiscal ya ha solicitado a Metro de Madrid «con la mayor urgencia» un informe sobre las medidas de seguridad que se están adoptando en el suburbano en relación con las piezas de los convoyes que contienen amianto. La Inspección de Trabajo, el organismo fiscalizador del Ministerio de Empleo, levantó un acta de infracción por un incumplimiento «muy grave» de la normativa de seguridad en relación al amianto y a la exposición a este mineral cancerígeno al que estuvieron expuestos los trabajadores de Metro durante años. La inspección debía determinar si Metro tomó las medidas de prevención necesarias para salvaguardar la salud de sus empleados en la manipulación de elementos con el mineral que se demostró cancerígeno.

Esta sustancia cuya utilización fue prohibida a finales de 2001 está en estaciones y en, al menos, dos modelos de trenes utilizados en las líneas 1, 6 y 9 del suburbano. En concreto, se trata de los «apagachispas», unas piezas que forman parte del sistema eléctrico de los convoyes, que están situadas en la parte baja de los mismos, alejadas de los viajeros, y que por tanto no suponen ningún riesgo para éstos.

Aunque se prohibió la utilización del material, nunca se obligó a retirar el que ya existía en miles de construcciones; sí se creó un registro de empresas que trabajaban con amianto en la que Metro nunca llegó a inscribirse. La compañía ha explicado que tras «encapsular» las piezas contaminadas dio a los operarios de mantenimiento instrucciones para que supieran cómo actuar en el caso de tener que manipular estas piezas, que actualmente sólo tocan empresas especializadas.

La denuncia, recogida por el diario «El Mundo» de un trabajador enfermo de cáncer, después de que el Instituto de la Seguridad Social le reconociera su enfermedad como «laboral», destapó la presencia de amianto en el Metro y las consecuencias en, por el momento, uno de sus empleados. En la actualidad, hay un segundo trabajador, también afectado por la misma patología, cuyo reconocimiento como enfermedad laboral está en trámites y un tercero que desde el sindicato CC OO aseguran que podría denunciar próximamente. Metro, por su parte, ha presentado alegaciones al reconocimiento como «enfermedad laboral» porque considera que «ningún trabajador del suburbano ha estado expuesto de forma permanente» a esta sustancia, cuya toxicidad está en las partículas cancerígenas que se desprenden por su manipulación o por la degradación del material debido al paso del tiempo. Las patologías asociadas a su inhalación tienen un periodo de latencia de unos 20 o 30 años, de ahí que los primeros enfermos –aquellos que respiraron las partículas hasta su prohibición– estén sufriendo ahora los síntomas.

Con la remisión del caso a la Fiscalía, el expediente abierto por la Inspección de Trabajo –que conlleva una multa de 191.000 euros– ha sido paralizado a la espera de que el Ministerio Fiscal determine si en todo este proceso la compañia cometió algún tipo de infracción y, en tal caso, si existen responsables.

Tras la denuncia del primer trabajador, Metro puso en marcha un «plan de desamiantado» para «limpiar» un total de 23 estaciones que ya se iban a someter a un proceso de remodelación que arrancó el pasado año y que culminará en 2023. Por su parte, el Comité de Empresa de Metro remitió la semana pasada un escrito al consejero delegado del suburbano, Borja Carabante, en el que reclama que se abran expedientes sancionadores de cara a cesarlos del cargo a diversos directivos de la compañía en el área de seguridad y explotación ferroviaria, al entender que son responsables del «riesgo» al que se sometieron los trabajadores.

Metro rechazó crear un grupo de trabajo sobre la presencia del mineral

Metro de Madrid declinó inicialmente en octubre de 2017 el ofrecimiento de crear un grupo específico de trabajo sobre la situación del amianto en las instalaciones del suburbano al entender que el órgano adecuado para esta materia era el Comité de Seguridad y Salud de la empresa y que esa petición debía debatirse precisamente en ese órgano. Así lo indica la responsable de Dirección de Recursos Humanos de la compañía en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en referencia a la propuesta planteada por el sindicato CC OO en pasado 22 de septiembre del año pasado. El sindicato planteó entonces un foro concreto para la identificación en las instalaciones con amianto y materiales con ese mineral, así como una relación de trabajadores que pudieran haber estado expuestos. En su respuesta, Metro exponía que valoraba positivamente la finalidad de la propuesta que, sin duda «compartía», pero manifestaba que en su opinión el «foro idóneo y normativamente competente es el Comité de Seguridad y Salud de la empresa».