El Ayuntamiento de Murcia aprueba una ordenanza contra los aparcacoches ilegales

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó ayer, con los votos a favor del Grupo Municipal Popular, Ciudadanos y Vox y en contra del Grupo Municipal Socialista y de Podemos, el proyecto de ordenanza que pretende acabar con los aparcacoches ilegales, así como con determinadas ventas de productos u ofrecimiento de servicios como la limpieza de parabrisas, impidiendo o limitando a los ciudadanos la libre utilización de espacios públicos destinados al aparcamiento o libre tránsito de las personas. La nuevas normas entrarán en vigor a partir del próximo mes de enero después de someterse a exposición pública.

Según el propio Ayuntamiento, de esta forma la Policía Local contará con herramientas suficientes para que el fenómeno de los aparcacoches no se siga extendiendo, impidiendo así que se produzcan molestias e incluso daños materiales.

La normativa considera diferentes tipos de sanciones según su gravedad. Así, son consideradas leves aquellas que ofrecen sin autorización cualquier bien o servicio, tales como venta de productos, limpieza de parabrisas o similares, en vías o espacios públicos a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos.

Son graves la reincidencia en el término de un año de más de una infracción leve, realizar limpieza de los parabrisas de los vehículos detenidos en los semáforos; o conductas que representen actitudes coactivas o de acoso u obstaculicen el tránsito. También la utilización de menores o discapacitados para los mismos fines.

Las infracciones más graves serán aquellas consideradas graves en las que se reincida más de una vez en el mismo año.

Las sanciones previstas oscilan entre 750 euros para las leves, la grave, de 751 a 1.500 euros y la muy grave de 1.501 a 3.000 euros.

Los policías locales y los servicios sociales municipales informarán a todas las personas que ejerzan las conductas tipificadas en la ordenanza aprobada, de las diferentes dependencias municipales y de los centros de atención institucional o de carácter privado, como asociaciones, organizaciones no gubernamentales -ONG-, a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario con el objetivo de que puedan abandonar estas prácticas ilegales.

Los agentes intervendrán cautelarmente el dinero y otros objetos obtenidos o utilizados.