El PP regional lidera un frente común para forzar al Ministerio a rectificar el trasvase cero

El PP anunció ayer su intención de llegar a todas las instituciones públicas para forzar al Ministerio para la Transición Ecológica a rectificar y autorizar el trasvase del Tajo al Segura en diciembre para regadío. Así, los diputados y senadores murcianos, junto con sus homólogos parlamentarios en Alicante y Almería, comparecieron para explicar que se unirán para liderar un frente común con el que poner en marcha acciones con las que revertir dicha situación que ha dejado sin agua a los agricultores de todo el levante español.

Los parlamentarios registraron en las Cortes una serie preguntas dirigidas a los Ministerios, así como la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la del ministro de Agricultura, Luis Planas, porque «él también debe decir qué medidas tiene acordadas para compensar los daños que va a producir esta decisión arbitraria y destructiva».

Así lo dijo el senador popular, Juan María Vázquez, quien indicó que «a quien debería dar explicaciones directas es a los más de 100.000 agricultores de Murcia, Alicante y Almería».

Por su parte, la diputada Isabel Borrego hizo alusión a qué medidas ha puesto en marcha el secretario de Estado de Infraestructuras, el murciano y socialista Pedro Saura, «para detener este ataque a la Región». «Suponemos que nada», y recordó que votó a favor de la supresión del Plan Nacional que habilitaba el trasvase desde el Ebro.

«El PP quiere que el Gobierno socialista diga claramente si éste es el inicio del mecanismo de defunción del trasvase Tajo-Segura».

Temor entre los regantes

Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes (Scrats), Lucas Jiménez, expresó ayer su temor de que lo que esté anunciando el Ministerio, con dos trasvases cero en noviembre y diciembre, «sea una revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura».

En un desayuno informativo, el presidente sindical aseguró que están viendo «con lupa» con los servicios jurídicos la orden ministerial, «y si hay algún atisbo de responsabilidad penal lo perseguiremos».

De hecho, criticó que el Ministerio dijera que debido a la contaminación «difusa de la agricultura en el Mar Menor», se ha decidido no trasvasar. «Eso es prevaricar, porque estaría por demostrar a ver qué informes definen con esa claridad que hay una agricultura que perjudica a la laguna salada».

«No sabemos lo que pretende el Ministerio, porque si algo aseguran las reglas de explotación son que las necesidades de la cuenca cedente están aseguradas y también el abastecimiento, pero nunca plantearíamos poner en peligro el abastecimiento».