Política

El PP acusa al PSRM de querer obstaculizar la Ley del Mar Menor

Los socialistas apuestan por aprobar la ley en la asamblea y que entre en vigor dentro de cinco meses, mientras que los populares prevén agilizar su tramitación a través de la Diputación Permanente para que se apruebe mañana

El portavoz parlamentario popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, en una foto de archivo
El portavoz parlamentario popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, en una foto de archivolarazon

La protección del Mar Menor está siendo uno de los principales escollos en el inicio de este año 2020, si bien el Decreto Ley quedó cerrado antes de que acabara 2019, falta cerrar algunos flecos para que su tramitación quede totalmente lista para poner en marcha las medidas que en ella se recogen. Pero no es del agrado de todos. Mientras que desde el Partido Popular y el Gobierno regional han decidido trasladarla a la Diputación Permanente para que se convalide como Ley mañana mismo, los socialistas han insistido en que debe pasar por la Asamblea Regional, recoger las aportaciones de los diferentes partidos, «y no aprobarse a las bravas, sin la posibilidad de mejorarla». No obstante, teniendo en cuenta que la actividad parlamentaria está paralizada hasta el próximo 3 de febrero, el trámite que propone el líder socialista, Diego Conesa, podría demorarse hasta cinco meses.

Esta declaración de intenciones, precisamente, fue rebatida por el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, quien acusó al PSRM-PSOE de querer «obstaculizar, dilatar y retrasar» todo el proceso parlamentario. «La ley que regula los usos en el Mar Menor ya está lista para su aprobación».

En esta cruzada de reproches, Conesa apuntó a la necesidad de contar con todos los agentes implicados en la confección de la norma, como sociedad civil, asociaciones, colectivos vecinales y organizaciones ecologistas, sin los cuales no se puede desarrollar una ley que defienda y proteja los intereses de los murcianos.

No obstante, el propio Segado recordó que fue Conesa quien puso por escrito que la confección de la Ley «era una responsabilidad del Gobierno regional, y no quiso arrimar el hombro, excluyendo a su partido de un trabajo en el que han colaborado 56 colectivos, organizaciones y asociaciones, con 327 propuestas».

Incidió en que desde el primer momento, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, «tendió la mano a todos los políticos para que participaran e hicieran sus aportaciones a la nueva norma, y Diego Conesa dio un portazo a esa oferta de diálogo».

Por este motivo, entre las aportaciones que se encuentran en el nuevo texto, se han incluido aportaciones de Ciudadanos y Vox, así como de los sectores implicados como la agricultura, el turismo o la construcción, por lo que Segado pidió que no se les tachara de falta de transparencia.

«Conesa puede demostrar si tiene una verdadera preocupación por la situación de la laguna salada exigiendo a Pedro Sánchez la implicación del Gobierno de España, porque hasta la fecha solo la han utilizado para echarse fotos y tratar de sacar votos».