Los BIC de Cartagena se sitúan entre el expolio y el Patrimonio de la Humanidad

Por primera vez, sin que haya una sentencia judicial que lo ordene, el Ministerio de Cultura ha tomado cartas en el asunto y ha hecho valer sus competencias en materia de patrimonio cultural. Este hecho histórico ha recaído en Cartagena y más concretamente en el expolio de Villa Calamari, un edificio modernista que se ha abandonado a pesar de tener un propietario, la inmobiliaria Vano, y de las numerosas denuncias sobre su estado que han llegado hasta el Defensor del Pueblo.

Ahora, la Subdirección General de Bellas Artes vigilará que se cumpla la resolución dictada desde la Consejería el pasado 12 de julio en la que se ordenaba que se presentara «con carácter inmediato» el proyecto de recuperación del muro del edificio para que no se pueda acceder al BIC, así como un inventario sobre las tareas de mantenimiento realizadas desde el año 2015, tanto en el inmueble como en los jardines.

Pero además, se exigía un plan de mantenimiento anual que debía ser presentado en el mes de diciembre de cada año. También, justificar el motivo por el que el edificio continúa cerrado al público. E iniciar los trámites para la rehabilitación de lo que se conoce como Villa Versalles.

A pesar de que ya han pasado siete meses desde que la Dirección General de Bienes Culturales emitiera la resolución, nada se ha hecho hasta el momento. «La vía que ha abierto el Ministerio es una gran noticia, porque a partir de ahora se exigirá el cumplimiento de todas las órdenes dadas para acabar con el expolio de Calamari. Cualquier iniciativa deberá pasar por Madrid».

Tanto la Plataforma Virgen de la Caridad, como la asociación Daphne, han mostrado su satisfacción al conocer que Cultura asume las competencias sobre el abandono del edificio y han denunciado, una vez más que los propietarios no han comenzado ninguna de las obras que se les exigió realizar con carácter inmediato.

Ahora confían en el Ministerio para que se cumpla lo ordenado y, en el caso de que la empresa siga haciendo caso omiso, se le abra un expediente sancionador «ejemplarizante» que permita recuperarlo y que el inmueble pueda abrirse a los ciudadanos.

Cinco años de denuncias

La denuncia por el expolio del Bic se realizó en el año 2017, tras un largo expediente administrativo que se inició en 2015. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Cartagena emitía un informe, firmado por la arqueóloga Carmen Berrocal, en abril de 2019, en el que se ponía de manifiesto la grave situación de deterioro en el que se encuentra Villa Calamari y que fue remitido a los responsables de la Consejería de Cultura.

Las asociaciones denunciantes reiteran que el organismo regional eludió en todo momento «ejercer sus competencias» para preservar el BIC y «consintió» que la mercantil propietaria incumpliera todas sus obligaciones en cuanto a su protección, custodia y vigilancia. «La irresponsabilidad sobre el cumplimiento de la legislación de patrimonio llegó a poner en riesgo , no solo el BIC, sino también la integridad física de menores de edad que entraban sin control en el edificio, sin saber el peligro que corrían».

El informe de Berrocal, realizado a petición del Ministerio para su remisión al Defensor del Pueblo, era tan demoledor que nadie se extrañó de que Villa Calamari estuviera en la Lista Roja del Patrimonio Español que elabora la Asociación Hispania Nostra. Ahora, si se cumple todo lo que obliga Cultura, se solicitará su exclusión.

Calamari no es el único BIC que se deteriora en Cartagena, precisamente en un momento en el que los responsables municipales apuestan para conseguir la ayuda del Ministerio para que se incluya la ciudad en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

El Defensor del Pueblo

Las discrepancias de criterio entre la Consejería y el Ayuntamiento sobre la situación de Villa Calamari llamaron la atención del Defensor del Pueblo quien constató que las medidas propuestas tanto por la Dirección General autonómica, como por la propiedad, no se cumplían, por lo señaló que «no se ha conseguido detener el expolio sistemático al que está sometido el inmueble» y recordó que el procedimiento debía realizarse con «celeridad y eficacia».