Continúan las denuncias sobre la situación del patrimonio histórico de Cartagena

La grave situación en la que se encuentra el patrimonio histórico de Cartagena ha provocado una nueva denuncia. En este caso, ha sido la Asociación de Amigos de los Castillos y Fortaleza (Aforca) que en su página de Facebook ha resaltado el peligro de derrumbe en el que se encuentran diversos elementos del patrimonio de fortificaciones y cuya reconstrucción, una vez que se vengan abajo, resultaría mucho más costosa que adoptar ahora las medidas necesarias para su conservación.

Reiteran así las denuncias que desde la Asociación Daphne vienen realizándose desde hace años y que han motivado diferentes sentencias de obligado cumplimiento que todavía están sin ejecutar, así como otras resoluciones de expolio dictadas por el Defensor del Pueblo y que han sido publicadas en distintas ocasiones por LA RAZÓN.

Aforca insiste en los elementos recogidos en la Lista Roja del Patrimonio publicada en 2018 eran siete, de los que ya dos, el baluarte número 9 de la Muralla de Carlos III en las inmediaciones del acceso a Navantia y los almacenes del Castillo de los Moros, han sufrido derrumbes. El Partido Socialista de Cartagena denunciaba hace unos días el derrumbe en el Castillo del Moro que, desde el propio Ayuntamiento de la ciudad, se desmintió. Las fotografías dejaron en evidencia lo declarado en el Pleno, tras la denuncia de Daphne. Ahora lo constatan también los Amigos de los Castillos. “A finales del pasado mes de abril se desplomó parcialmente una de las dos edificaciones que estuvo destinada a almacenes y pertrechos de las piezas de artillería del mencionado inmueble”.

Desde Aforca han llamando la atención sobre el peligro que acecha al resto construcciones militares defensivas y muy especialmente, por su avanzado deterioro, el cordón del muro aspillerado de entrada a la batería de la Podadera “que se sostiene de forma milagrosa y que caerá al fondo del mar, sin que su cesión, alquiler o cambio de titularidad desde el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento lo evite”.

Desde el año 2017 el Ayuntamiento de Cartagena se ha interesado por obtener la cesión de las baterías de costa de Fajardo y de Podaderas, que más tarde fue ratificado por la actual alcaldesa, Ana Belén Castejón, sin que se concretara ningún acuerdo, tal como contestó el propio Ministerio de Defensa al Defensor del Pueblo ante la denuncia de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Cartagena.

Ahora, en plena crisis económica por la pandemia provocada por la covid-19el equipo de Gobierno de la Corporación municipal pide la cesión de ambas fortalezas a cambio de condonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ministerio de Defensa, lo que supondrá una pérdida de 10 millones de euros para la ciudad y sin ningún tipo de contraprestación. Esta decisión ya ha levantado ampollas entre quienes consideran que tienen la obligación de exigir a la propiedad de los edificios que los conserven y mantengan para poder pasarlos en condiciones a las generaciones futuras. En caso contrario, desaparecerán para siempre “en el fondo del mar”, como denuncia Aforca.

Tampoco hay que olvidar que hay unasentencia firme del año 2000, en la que se obliga al Ministerio de Defensa o en su caso al Ayuntamiento de la ciudad a consolidar la batería de Fajardo. Todas las asociaciones defensoras del patrimonio histórico aseguran que no e ha hecho nada y que lo único que hay hasta ahora es un intento de “marear la perdíz”.

Desde Aforca se insiste en que "son ya muchos los años que aguarda este patrimonio para su conservación adecuada y finalmente para su puesta en valor”.