Los empresarios murcianos apuntan a una salida de la crisis en "L"

La parada de actividad empresarial decretada por el Gobierno central como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en todas las variables analizadas por el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la Cámara de Comercio de Murcia, y es previsible que siga teniéndolo en próximos meses. Así lo ha expuesto hoy el presidente del organismo, Miguel López Abad, quien ha detallado que la confianza de los empresarios murcianos ha caído al -39,4 por ciento en el segundo semestre del año, un descenso que no se registraba desde la crisis económica de 2008, y apunta a una salida en "L" que será prolongada a no ser que se tomen medidas jurídicas y en el ámbito laboral.

"Estamos en un momento de inseguridad jurídica, en la que pesa mucho la incertidumbre sobre lo que pasará cuando concluyan los ERTE, así como la posibilidad de que se derogue una reforma laboral que fue precisamente la que provocó que el ICE empezara a subir en 2013”.

Según ha explicado, el Índice se calcula en base a una encuesta a la que se somete a 200 empresarios y que valora los resultados obtenidos durante el primer trimestre y las perspectivas para el segundo. En concreto, la encuesta fue realizada durante el mes de abril, por lo que ya incluye los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19 y sus repercusiones económicas.

“Nos encontramos con una situación totalmente anómala, nunca vivida, que es un claro reflejo de la situación a la que nos enfrentamos los empresarios”, según Lopez Abad. “A la pérdida de confianza que arrastrábamos como consecuencia de la desaceleración económica del último año, se ha unido en este primer trimestre el fuerte impacto económico de la pandemia por la obligada paralización de las actividades no esenciales”.

Frente a esta situación, los empresarios murcianos reclaman medidas de apoyo “contundentes, claras y con cierta celeridad” para que la recuperación se produzca “de la forma más rápida posible con el fin de evitar el cierre de empresas y la destrucción de empleo”.

Por ejemplo, consideran vital la efectividad real de las medidas de financiación que garanticen la liquidez de las empresas con mecanismos ágiles y de sencilla tramitación; así como la flexibilización en las condiciones de los ERTEs según se produzca la vuelta a la actividad; y medidas en cuanto a impuestos y suavizar las exigencias para poder adaptarse a la situación.

De la misma forma, piden no generar más incertidumbre con el anuncio de medidas como la modificación de la reforma laboral que “resultarían perjudiciales en el actual contexto”. Además, con el fin de no perjudicar el consumo y las necesidades de las familias, estiman “prioritario” que los trabajadores dispongan de sus prestaciones sin retrasos.

López Abad ha recordado que “la confianza ya estaba a la baja” y, sumando los más de 80.000 empleados en ERTE y los datos del paro, hacen que las medidas que reclama el empresariado “deben llegar con la máxima celeridad posible”.

El sector turístico

López Abad ha señalado que, personalmente, percibe un poco más de “tranquilidad” en la fase 2 de desescalada, después de dos meses conviviendo con esta situación, y el empresariado, que de por sí tiene "espíritu positivo, afronta el futuro “con muchas ganas” aunque en la percepción sigue existiendo “mucha incertidumbre”.

Por sectores, López Abad ha señalado que el turístico es el que ahora mismo necesita con más urgencia un plan de futuro porque su incertidumbre es “mayor”. Asimismo, ha destacado la “incertidumbre” existente en el pequeño comercio.

Ha reconocido que todavía no hay datos concretos sobre el cierre de empresas, pero señala que la crisis está afectando sobre todo al pequeño comercio y a los autónomos, un grupo en el que ya hay un 2,3 por ciento de descenso en la afiliación a la Seguridad Social, aunque no se tienen en cuenta todos los autónomos que no están cotizando estos meses.