El Gobierno delega a Murcia y Cartagena la retirada de amianto de los colegios

El Gobierno regional ha dado el visto bueno a un decreto de delegación de competencias en los ayuntamientos de Murcia y de Cartagena para sustituir las cubiertas de centros escolares que contengan fibrocemento. Estas acciones se incluyen en el Plan de Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática de la Región de Murcia.

Los centros educativos de la Región, al igual que los del resto de España, construidos mayoritariamente entre los años 60 y 70, contienen amianto en algunos elementos de su estructura, como cubiertas y tuberías, entre otros. En 2013, el Parlamento Europeo instó a la Unión Europea a retirar este material de todos los edificios públicos para 2028 y alentó al sector privado a hacerlo.

Para cumplir esa directriz, la Consejería ha inventariado las cubiertas con presencia de amianto en los centros educativos regionales. Como resultado, cuenta con el citado Plan de Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática, que permitirá la paulatina sustitución de cubiertas de fibrocemento en centros educativos dentro de los plazos fijados por las instituciones europeas.

La Consejería aportará una dotación presupuestaria de 1.789.300 euros al Ayuntamiento de Murcia y 1.568.000 euros al de Cartagena para la redacción del proyecto y posterior ejecución de las obras de retirada y sustitución de cubiertas.

Dada la necesidad de sustituir numerosas cubiertas de centros en Murcia y Cartagena, se ha considerado útil delegar la competencia de la Consejería, que, para su efectividad, ha de ser aceptada por las citadas entidades locales. Sus medios materiales y personales, en su condición de grandes ayuntamientos, les permiten colaborar en la ejecución del Plan.

Las actuaciones se realizarán en 30 centros de Infantil y Primaria de los municipios de Murcia (20) y Cartagena (10), y corresponden a los bienios 2020-2021 y 2022-2023 del Plan de Eficiencia Energética y Reconversión Bioclimática.

La delegación de competencias será efectiva a partir de la fecha de su aprobación y tendrá una duración de cinco años.