la fiscalía pide 8 años de cárcel por los altercados en las obras del AVE a Murcia

La fiscalía pide ocho años de prisión para los tres jóvenes que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Murcia por los altercados de octubre de 2017 en el barrio murciano de Santiago el Mayor con motivo de las protestas vecinales contra el trazado del acceso del AVE en la ciudad.

Las conclusiones provisionales del ministerio público reclaman para cada uno de estos jóvenes tres años de cárcel por un delito de desórdenes públicos y cinco años por un delito de daños por los desperfectos que ocasionaron, que han sido tasados en 133.750 euros.

El fiscal reclama que esa suma sea asumida de forma conjunta y a partes iguales por los acusados para compensar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a la empresa Aldesa Construcciones, que fueron las perjudicadas por los destrozos.

El relato de hechos contenido en el escrito de acusación señala que los desórdenes y daños se produjeron el 3 de octubre, con motivo de la reanudación de los trabajos de instalación de pantallas acústicas de la futura vía provisional para el tráfico ferroviario, a la altura del citado barrio murciano.

Numerosos vecinos acudieron al lugar para expresar su protesta, ya que exigían desde tiempo atrás, con otras concentraciones y manifestaciones, que la entrada del AVE a la capital murciana fuese soterrada y no en superficie.

Dentro de esas protestas, se lanzaron mamparas a la vía, se atacó a los agentes policiales que habían acudido al lugar para mantener el orden público y posibilitar las obras e, incluso, se llegó a incendiar una máquina elevadora de las utilizadas en las obras.

Como consecuencia de los incidentes, el tráfico ferroviario permaneció interrumpido varios días debido a los graves daños producidos en la infraestructura, según el relato del fiscal.

El tribunal que ha de juzgar a los tres acusados, dos de ellos españoles y un tercero extranjero, los ha citado para esta semana por si reconocen los hechos y se puede llegar a un acuerdo de conformidad con el ministerio público, lo que evitaría la celebración de la vista oral.