Cuando los metales pesados se ceban en los niños murcianos

Los informes técnicos demuestran que existen residuos peligrosos y cancerígenos cerca de colegios de La Unión

Desde hace tres años el científico José Matías Peñas, viene denunciando que los niños que asisten a clase en el Instituto Sierra Minera y en el Colegio de Educación Especial Enrique Viviente de La Unión vienen soportando unos índices de contaminación por metales pesados que son nocivos para su salud.

Después de años de denuncias, hace solo unos días la Audiencia Provincial de Murcia ha admitido a trámite el recurso de apelación contra el archivo de la denuncia presentada por el investigador. Para ello, ha hecho falta un nuevo informe elaborado por el propio Ayuntamiento de la localidad, que ha sido remitido a la Dirección General de Medio Ambiente, institución que lo solicitó, en el que se especifica que hay riegos para la comunidad educativa, dado que los índices se sitúan en 1,57, en una escala de 0 a 3.

Lo más grave es que se ha constatado que en el patio del colegio de los niños con necesidades especiales, los niveles de arsénico, plomo y zinc que existen suponen un riesgo cancerígeno y tóxico para la salud humana, por estar por encima de los límites admitidos.

Hasta ahora no habían servido los estudios realizados por el Consejo de Seguridad Nuclear en el que en marzo de 2019 ya se reconocía el riesgo radiológico derivado de la antigua instalación de fundición de plomo de «El Porvenir», en La Unión, por lo que se pedía una amplia información sobre los mismos y su tratamiento, al considerarlos unos residuos peligrosos que deben tener una manipulación y traslado especial.

Los residuos, no solo proceden del depósito El Porvenir, sino también de El Descargador, próximos ambos a los centros escolares afectados. La propia Consejería de Educación encargó un informe, realizado en julio del pasado año, en el que se señala que la afección detectada en los suelos del IES Sierra Minera podría representar un riesgo inadmisible para la salud de los alumnos y los trabajadores que puedan desarrollar su actividad en las áreas exteriores del centro, por la ingestión accidental y contacto dérmico con el suelo afectado. El informe añade que el riesgo es tanto cancerígeno como no cancerígeno y se produce por la presencia de arsénico y plomo en los suelos superficiales.

Ninguna institución tomó el testigo de la denuncia, hasta que los análisis realizados a los alumnos del centro determinaron que muchos de ellos están contaminados por la presencia de plomo en su organismo. En ese momento los padres de algunos de ellos tomaron conciencia del problema y han interpuesto querellas avaladas por los estudios científicos.

Si entre los adolescentes el problema es grave, mucho más, si cabe, es en el caso de los alumnos de Colegio de Educación Especial Enrique Viviente. Aquí, los menores están más expuestos a los metales que se concentran en el suelo del patio y su afección puede ser mayor.

El investigador, que hasta ahora ha luchado en solitario, sigue reclamando una mayor sensibilización hacia un problema «que es responsabilidad de todos», especialmente de las administraciones que han de vigilar por el cumplimiento de las normas.

En más de una ocasión, José Matías Peñas, ha pedido a las autoridades que actúen en consecuencia. Ahora, tras el informe remitido a la Dirección General de Medio Ambiente, exige al Ayuntamiento y al alcalde de La Unión que traslade a los alumnos del Colegio a otro lugar para que no continúen expuestos a los riegos para la salud que provocan los metales que se recogen en el patio del centro.

Su grito de socorro se oyó también en una reunión de jueces a la que asistió el Fiscal General de Medio Ambiente, Antonio Vercher. Tampoco se inició ninguna actuación.

El 24 de abril de este mismo año la empresa Typsa emitía otro informe en el que también se constata que en la zona del centro educativo hay concentraciones elevadas de metales peligros, como arsénico, plomo y zinc, que exceden 100 veces o más a los niveles publicados en la Región de Murcia.

Los afectados, sus familias y el investigador, que actúa como acusación particular, van a seguir luchando hasta que se garantice la salud de los niños murcianos.