El PPRM advierte de que la ley Celaá “asfixia a la concertada”

La responsable de Educación del Gobierno del PP en la Región de Murcia, Esperanza Moreno, ha advertido de que la ley Celaá “asfixia a la concertada” al suprimir la cláusula de la demanda social, por lo que “allana el camino para la supresión masiva en los centros concertados” y además “incluye la prohibición de ceder suelo público para la construcción de centros concertados”.

Al mismo tiempo, Moreno, que ha participado esta tarde en el seminario virtual #StopLeyCelaá junto con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y representantes de la Plataforma ‘Más Plurales’, ha subrayado que “el PP se apoyará en todos los instrumentos de la democracia para defender el modelo de libertad educativa porque es un ataque frontal que cercena la libertad de los padres”.

Durante el encuentro, ha incidido en que “más del 90 por ciento de las familias de la Región de Murcia ha podido escolarizar a sus hijos en el centro que ha preferido, pero la Ley del PSOE-Podemos les impedirá hacerlo” al eliminar el llamado ‘distrito’ único e imponer a los padres el centro al que debe asistir su hijo independiente de la preferencia de las familias en cuanto a ubicación o programas educativos ofertados, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

“Es un derecho que les corresponde a las familias y no puede decirlo Sánchez o el Estado” ha dicho la titular de Educación, quien ha apuntado que es una ley que “también carece de diálogo porque PSOE y Podemos no han permitido que la comunidad educativa pueda participar en ella, en el momento en el que se están dejando la piel en mitigar los efectos negativos de la pandemia en los centros educativos”.

Asimismo, Moreno ha alertado de que la ley condena a la educación especial a la “extinción” a pesar de que “muchas familias han escogido estos centros para sus hijos, pues brindan una atención educativa altamente profesionalizada para los alumnos con necesidades graves”.

Además, “eliminar el castellano como lengua vehicular va contra la Constitución”, ha afirmado Moreno, quien ha dicho que con esta imposición ha quedado claro que “el Gobierno de Sánchez está utilizando la reforma de la ley educativa con fines partidistas y como moneda de cambio para negociar los presupuestos con sus socios”.

Entre otras cosas, al PP también le preocupa la pretensión del Gobierno de suprimir la oposición para el ingreso del Cuerpo de Inspectores que “abriría la puerta a convertir la inspección en un grupo de funcionarios seleccionados por afinidades políticas y no por el conocimiento acreditado en una prueba objetiva”.

“La ley tampoco aborda ninguno de los desafíos de la educación del siglo XXI como el sistema bilingüe, la digitalización, el acceso a la profesión docente, la FP o el exitoso modelo dual”, ha concluido Moreno.