Abren diligencias previas contra la Consejería de Medio Ambiente por un presunto delito ambiental

El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha dictado un auto que acuerda dictar diligencias previas contra los consejeros Antonio Luengo y Javier Celdrán y a dos directores generales para investigar la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente y la ordenación de los recursos naturales.

En un comunicado, la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha señalado que la investigación se dirige contra el actual consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, y su predecesor en el cargo y actual responsable autonómico de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, así como sobre los directores generales de Medio Natural, Fulgencio Perona, y Medio Ambiente, Francisco Marín.

Además, el auto recuerda la condición de aforados de Antonio Luengo y de Javier Celdrán y remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

En su escrito de denuncia, Anse y Ecologistas en Acción han señalado que la orden de vedas 2020-2021, al igual que la orden anterior, del bienio 2019-2020, había sido publicada el 13 de mayo de 2020 sin ser sometida a una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, tal y como establecía el decreto 55/2015 sobre el Plan de Gestión del Noroeste.

Para confirmar tales extremos, Anse requirió a finales del pasado mes de mayo el expediente completo a la Dirección General del Medio Natural, donde se pudo comprobar que la ausencia de evaluación y la “ilegalidad” de la orden de Vedas habían sido puestas de manifiesto en los informes jurídicos obrantes en el expediente.

Con posterioridad a la petición del expediente y ante el riesgo jurídico existente, Marín dictó el 10 de junio el informe de Impacto Ambiental “a posteriori” sobre la orden, para convocar de urgencia el 12 de junio al Consejo Asesor de Caza y Pesca, que se celebró el 16 de junio.

El objetivo, según las organizaciones ecologistas, sería dar el “cambiazo” a la orden “irregular”, aunque, según la denuncia, la ausencia de evaluación ambiental es un defecto “insubsanable”, por lo que han considerado “ilegal la argucia jurídica” de la comunidad.