El PP murciano acusa a Conesa de declarar “la guerra a las familias al oponerse a que decidan libremente el centro”

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha asegurado este miércoles que el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, “declara la guerra a las familias al oponerse a que las familias decidan libremente el centro educativo de sus hijos”, informaron fuentes del partido en un comunicado.

Guardiola ha hecho estas declaraciones después de que Conesa hiciera público que el Partido Socialista ha presentado cinco alegaciones al proyecto de decreto de admisión en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad por contener “incumplimientos graves” sobre la Ley de Educación.

La dirigente ‘popular’ ha remarcado que “el Gobierno de López Miras es un firme defensor de la libertad educativa”, al tiempo que ha asegurado que inició la modificación del decreto de admisión para “contrarrestar los efectos nocivos de la ‘Ley Celaá’, siguiendo escrupulosamente todos los trámites jurídicos”.

“Si más del 90 por ciento de las familias de la Región de Murcia han podido elegir el centro educativo de sus hijos ha sido por el distrito único que la ‘Ley Celaá’ suprime”, ha indicado, para apostillar que con la LOMLOE “se retrocede a un sistema donde la Administración le dicta a los padres el centro al que debe asistir su hijo, independientemente de la preferencia de las familias”.

Asimismo, Guardiola ha recalcado que “el Gobierno de López Miras quiere blindar el derecho de las familias a elegir libremente el centro escolar y anteponer el interés de las familias, frente a la injusta ‘Ley Celaá’ que impone el centro educativo”.

Por último, ha destacado que el derecho que tienen los padres a elegir libremente la educación de sus hijos está consagrado en la Constitución y que, por este motivo, “el PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional”, al considerar que la LOMLOE “ataca a la libertad y a la calidad educativa”.

“La LOMLOE mantiene la libertad”

Por su parte, el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha subrayado que la LOMLOE “mantiene intacta la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos” y, por tanto, “no hay ningún condicionamiento previo” que impida a los progenitores decidir.

“Desde el PP y el gobierno de tránsfugas de López Miras mienten de forma descarada cuando afirman que la nueva Ley Educativa elimina o cercena esa libertad. Eso es completamente falso, hay libertad absoluta para elegir el centro”, ha insistido Conesa.

Al hilo, ha explicado que, según la LOMLOE, en el caso de un centro educativo que cuenta, por ejemplo, con 60 plazas, y que recibe 60 peticiones como primera opción, todas serán admitidas, “vivan donde vivan, tengan los recursos que tengan” los padres, y con independencia de si algún familiar estudia allí. Esto ocurre, según Conesa, para el 95 por ciento del alumnado.

Pero si ese mismo colegio o instituto recibe más solicitudes de admisión que plazas tiene, “se hace imprescindible establecer unos criterios” para que, a modo de desempate, puedan adjudicarse las plazas “de la forma más justa y equitativa posible”.

El dirigente socialista ha remarcado que nadie está obligado a llevar a su hijo o hija al centro educativo que tiene cerca de casa. “Pero es razonable que quien sí elija llevar a sus hijos al colegio que tiene cerca de casa o del trabajo, tenga preferencia para hacerlo, por tres razones fundamentales: facilita la conciliación de la vida laboral y familiar, es beneficioso que los niños no tengan que invertir mucho tiempo en desplazamientos de ida y vuelta al colegio y favorece una movilidad sostenible en las ciudades, evitando desplazamientos”, ha dicho.

Por último, Diego Conesa ha dicho que, con este decreto, “López Miras no garantiza a las familias poder llevar a sus hijos al colegio que tienen más cerca de casa o del trabajo”, al tiempo que ha avanzado que el PSRM no descarta llegar hasta la vía judicial si el Ejecutivo murciano no rectifica.

Por ello, le ha instado a rectificar porque si no lo hace, “aprobará un decreto ilegal, contrario a una ley orgánica estatal, creando inseguridad jurídica en las familias y jugando a confrontar con el Gobierno de España en un tema tan importante como es la educación”, y con ella “ni se juega ni se confronta”.